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Por qué la familia del teniente Ronald Ojeda desconfía del gobierno chileno y pidió refugio en Argentina

Funeral de Ronald Ojeda - Ex-Ante
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La viuda del disidente venezolano asesinado en febrero de 2024 en Santiago, manifestó en varias ocasiones sus críticas al manejo del gobierno en el caso y en particular al acuerdo de cooperación firmado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), con el régimen de Nicolás Maduro. Tras conocerse el secuestro, el Presidente Boric se demoró 17 días en referirse al tema, mientras que la dirigencia del PC, como partido de gobierno, dijo que el caso podría tratarse de “un montaje” y que no hay que suponer la participación de agentes venezolanos, pese a que toda la investigación de Fiscalía apunta en esa dirección. Monsalve afirmó este jueves que “Chile es un país seguro” y que La Moneda respeta la decisión de la familia de trasladarse a otro país.

Qué observar. Este sábado los familiares del exteniente Ronal Ojeda -su viuda Josmarghy Castillo y su hermana Mayra Ojeda- viajarán desde Argentina a Chile para recoger sus cosas y mudarse definitivamente al país transandino.

  • Tras varias semanas de gestiones reservadas, este jueves ambas mujeres llegaron a Buenos Aires junto al hijo de siete años de Ronald Ojeda y dos sobrinos de 13 y 11 años.
  • Allí, según informó radio Biobío, autoridades del gobierno de Javier Milei se comprometieron a tramitar refugio político para la familia que acusa seguimientos, vigilancia y sensación de inseguridad en Chile, desde que la madrugada del 21 de febrero un grupo de personas disfrazadas de agentes de la PDI, secuestró a Ojeda desde su departamento en la comuna de Independencia.
  • Diez días después, su cuerpo sin vida fue hallado enterrado bajo cemento en un campamento de Maipú. Todas las pistas de Fiscalía y el testimonio del único detenido, apuntan a que los captores se fugaron a Venezuela, donde se preparó el crimen.
  • Ojeda era un activo disidente del régimen de Nicolás Maduro, que se refugió en Chile tras escapar en 2017 de Ramo Verde, una cárcel ubicada a 29 kilómetros de Caracas. El gobierno venezolano lo acusaba de traición a la patria y de conspirar en un supuesto operativo para derrocar a Maduro.

Negociaciones reservadas. La viuda del ex uniformado había declarado el 29 de junio en revista Sábado de El Mercurio que “queremos vivir en un lugar donde los tentáculos del régimen militar no nos alcancen”. Ya habían solicitado protección a la Agencia de la ONU para los refugiados y al FBI de Estados Unidos.

  • Los familiares habían acusado ser objeto se seguimientos por parte de sujetos que no eran de la Fiscalía e intentos de hackeo en sus redes sociales.
  • En completa reserva el abogado de la familia inició una serie de conversaciones con el gobierno de Milei. El 4 de julio entregó un documento a Carlos Alberto Manfroni, jefe de la Unidad de Asesores del Ministerio de Seguridad de Argentina, informando que la viuda y la hermana “no están seguras ni protegidas en Chile (…) Su situación es de total agobio, y me han pedido formalmente que la República Argentina considere concederles el refugio”.
  • Luego el abogado tuvo una reunión con la ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, y llegaron a un preacuerdo sobre las condiciones de refugio.
  • Según quienes conocen las tratativas, el caso deberá ser derivado a la Comisión Nacional para Refugiados (Conare) de Argentina y en unos 20 días podría otorgarse el refugio.

Reacción del gobierno. La Moneda se enteró de la situación recién la mañana de este jueves a través de un rumor que llegó a la embajada de Chile en Argentina, que dirige José Antonio Viera-Gallo, quien de inmediato avisó a Santiago.

  • Hasta la noche del jueves, no había una notificación oficial por parte del gobierno argentino.
  • El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que “hay que respetar las decisiones de la familia que ha sido víctima de un delito grave como es el secuestro y homicidio. Lo que las familias buscan en estas condiciones es reasentarse”.
  • Defendió que en materia de refugiados, según los organismos internacionales “Chile es considerado un país seguro, si usted mira la historia del país no tenemos antecedentes de un hecho similar al que ocurrió con el teniente Ojeda”.

Críticas al gobierno. Monsalve declinó referirse a los encuentros que tuvo con la viuda de Ojeda y el abogado de la familia. Dijo que al gobierno no le corresponde gestionar un reasentamiento, al ser consultado por las versiones de que habría ayudado a gestionar sin éxito que los recibieran en España.

  • Josmarghy Castillo había manifestado en público y en privado sus críticas y desconfianza sobre la labor de las autoridades chilenas en el caso y en particular del subsecretario del Interior.
  • El 25 de marzo, un mes después del asesinato, dijo en entrevista a CNN Chile que “ninguna autoridad del Gobierno se ha comunicado conmigo”.
  • Tras esto, el 5 de abril, Monsalve se reunió con la viuda de Ojeda. Luego volverían a reunirse el 15 de abril, también con el abogado Manríquez. Sin embargo, Castillo manifestó suspicacias por los contactos de Monsalve con el gobierno de Maduro.
  • El subsecretario firmó el 25 de enero en la Casa Amarilla de Caracas un acuerdo con el régimen venezolano -representado por el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal de Venezuela, José Humberto Ramírez- para coordinarse en el combate contra el crimen organizado.
  • La viuda de Ojeda dijo en revista Sábado sobre ese vínculo que “firmar un acuerdo con ese tipo de gente es como hacer un trato con el diablo. ¿Qué confianza se puede tener con los datos que envíen? Perfectamente bien podrían entregar nombres de opositores al régimen, acusados por ellos de traición a la patria o instigación a la rebelión, como si fueran delincuentes peligrosos. Parece que olvidan que están tratando con una dictadura”.
  • Recordó que el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, “tuvo el descaro” de insinuar que agentes de Chile pudieron participar en el asesinato de su esposo como una “operación de falsa bandera”.

El silencio de Boric. Castillo apunto particularmente al Presidente Gabriel Boric, quien durante 17 días no hizo ningún comentario sobre el caso. Recién el 8 de marzo calificó el crimen de “gravísimo”. “Como Presidente de la República, yo también hablo a través de mis ministros”, explicó sobre su silencio.

  • Según la viuda “a mí me parece que (a Boric) no le convenía dar ninguna declaración. Prefirió mantener silencio para evitar decir cosas que no fueran acordes a la realidad. Pienso que lo hizo por eso. No he recibido ningún tipo de llamada de estas personas. Y quizás en algún momento lo hagan”.
  • Boric sólo había salido a defender al PC, criticado por defender al régimen de Maduro en este caso. “Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno”, publicó el 2 de marzo.
  • En los primeros días tras el asesinato, el PC desligó responsabilidades de las autoridades venezolanas. El presidente del partido Lautaro Carmona dijo que no hay nada que indique una intromisión de Venezuela, “todos los datos son muy vinculados a lo que algunos llaman el Tren de Aragua o el crimen organizado”. El 27 de febrero agregó que “llamaría a preguntarse si no hay aquí de por medio un montaje, una provocación de operaciones con intromisión de la CIA, como ha ocurrido en muchos países del mundo”.
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