Por qué importa. Este jueves la Contraloría congeló la toma de razón de traspasos estatales a fundaciones o corporaciones dado el nivel de opacidad detectado en el sistema, tras el caso Democracia Viva. Dado que existen entidades con una amplia trayectoria, la institución decidió fijar ciertos criterios para que “no paguen justos por pecadores”, como se ha señalado.
- Este viernes circuló al interior de la institución un documento donde se detalla cómo se realizará este proceso que afecta a 91 convenios. De ese total, a partir de la próxima semana se irán tramitando primero aquellos con entidades que tengan una trayectoria destacada en las labores que desempeñan, como por ejemplo, la fundación Teletón o Bomberos.
Los criterios. Con esta medida, la Contraloría busca focalizarse en aquellas fundaciones o corporaciones que se hayan constituido hace pocos años; o aquellas que pese a atender un área específica, también realiza trabajo en áreas que no son de su especialidad.
Un segundo criterio apunta a no trabar transacciones a fundaciones que tienen un historial de contribución a fines sociales, como es el caso de Bomberos (que está entre los convenios congelados) o el de Teletón (se desconoce si es parte de la lista).
Contexto. Este jueves por la mañana el consejero de Republicanos Sebastián Parraguez aprovechó la presencia del Contralor Jorge Bermúdez en la sesión de la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional, para preguntarle por las investigaciones por posible fraude al fisco abiertas por el Ministerio Público, por traspasos de fondos desde Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) a fundaciones.
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- “La Contraloría tomó la decisión de suspender la tramitación de aquellos (convenios) que pasan por la Contraloría, mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos y con las entidades que tienen esos convenios”, dijo Bermúdez.
- Agregó: “Lo que ha ocurrido acá es que hay una situación sofisticada donde se han producido hechos que eventualmente son constitutivos de corrupción, producto de que el Estado ha entregado estos recursos, con poca regulación, a entidades que son de naturaleza privada”, dijo, advirtiendo que este esquema podría alcanzar a los municipios.
- Se trataba de una medida inédita, cuya duración es incierta y que ocurre en medio de las investigaciones abiertas a las fundaciones ligadas a Revolución Democrática (RD) Democracia Viva (por $426 millones) y Urbanismo Social, tanto en Antofagasta como en El Maule.
- Sobre la dimensión de la situación dijo que “el Estado de Chile transfiere todos los años cientos de miles de millones a organizaciones privadas”, lo que incluye traspasos a fundaciones conocidas y con correctos sistemas de control.
- En términos de las medidas que deberán adoptarse planteó que debiera haber una legislación específica por el tema.
