Perfil: Jorge Bermúdez y su adiós de la Contraloría con críticas a los indultos de Boric
Ex - Ante / En la imagen, el Presidente Boric y el contralor Jorge Bermúdez antes de la despedida del abogado del cargo, que se hará efectiva el 16 de diciembre. Crédito: Presidencia.
1. Del Cerro Esperanza al Barrio Yungay. Jorge Bermúdez (54 años) nació en Valparaíso, estudió en el Colegio Salesianos e ingresó en 1987 a estudiar Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso (UCV). Durante su gestión residió en el Cerro Esperanza, pero vivía intermitentemente en el Barrio Yungay, en la capital. Nunca ha militado, pero fue presidente del Centro de Alumnos de Derecho de la UCV. “Nunca fue un hombre de izquierda, sino un opositor a la dictadura. No obstante, fue un líder transversal”, ha dicho su ex compañero Álvaro Vidal.
2. El profesor que se convirtió en su nexo con la Suprema. En las aulas de la UCV, Bermúdez fue alumno de Pedro Pierry. Años después, en mayo de 2016, Pierry se retiró de la Corte Suprema, tras lo cual el abogado lo fichó en Contraloría. En círculos judiciales se indica que Pierry es su nexo con la Suprema, pese a que su rol formal es el de proveer escenarios jurídicos ante las acciones legales en contra del organismo fiscalizador. La relación de Bermúdez con el máximo tribunal ha tenido altibajos. En una ocasión su disputa llegó al TC.
3. No era un favorito de Bachelet. Fue propuesto por Bachelet en diciembre de 2015, dos meses después de que Chile Vamos rechazara en el Senado la primera opción de la ex Presidenta: el abogado Enrique Rajevic. El cargo llevaba 8 meses vacante. El ex ministro Jorge Burgos fue clave en su designación. Se buscaba entonces a un técnico más que un político. Bermúdez conocía además a una ex influyente asesora del Segundo Piso: Ana Lya Uriarte, con quien lo unía su trayectoria en el mundo medioambiental (ella fue directora de la Conama; él cursó un postdoctorado en la materia). Algunos atribuyen a Uriarte, ex jefa de gabinete de Bachelet, el haber promovido inicialmente su nombre.
Ex Seremi denuncia que tía de Miguel Crispi, ex alta funcionaria de Vivienda, le dio instrucciones de apurar acuerdos con fundaciones
4. Garantías a la derecha. Su designación fue unánime en el Congreso. Para Chile Vamos, daba más garantías de neutralidad que Rajevic, vinculado a la DC. Bermúdez expuso en 2008 en favor de la entonces ministra Yasna Provoste, quien enfrentaba una acusación constitucional, pero lo mismo hizo en 2013, en apoyo a Harald Beyer. Trabajó en reparticiones públicas de los gobiernos de Frei Ruiz Tagle, Lagos y Bachelet, pero también con Piñera. En 2012 fue asesor de Andrés Allamand en el Ministerio de Defensa.
5. Conflictos con Piñera. La Controlaría incomodó al Gobierno de Piñera por pedir la suspensión de tres generales de Carabineros a partir de su rol en el 18-O y se involucró en el caso Enjoy, donde investigó el fideicomiso ciego del ex Presidente. Su relación con la administración Piñera fue a ratos compleja. Para algunos, comenzó con un pie forzado cuando anunció que tardaría 6 meses para determinar la legalidad de la designación de Pablo Piñera como embajador en Argentina, lo que, en los hechos, impidió su nombramiento. Otras voces indican que no ha puesto reparos en momentos clave, como ocurrió a partir de un viaje de Felipe Larraín a Harvard con cargo al Fisco o tras la gira de los hijos del ex Presidente a China.
6. Su momento más difícil. Uno de sus episodios más tensos ocurrió a propósito de su disputa con la subcontralora, Dorothy Pérez. Bermúdez decidió destituirla en 2018, argumentando que había perdido la confianza a partir de su rol en la investigación del Pacogate. Pérez acudió a la justicia y la Suprema declaró ilegal la medida, ordenando su reincorporación. El Contralor dijo a Revista Sábado que “a mucha gente le gustaría que yo renunciara”. En 2020, el Congreso aprobó una reforma a la ley orgánica de Contraloría que facultó a Bermúdez para designar de manera discrecional a su subrogante en su ausencia. Pérez lo reemplazará de manera interina el 16 de diciembre.
Gobierno reafirma alza de impuestos al entregar las bases de la reforma tributaria que presentará en marzo 2024
7. Lo que no le perdona el bacheletismo. En febrero de 2019, con Piñera en La Moneda, una investigación de la Contraloría indicó que a través de una investigación había determinado que la ex secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia (Conain) y amiga de Bachelet, Estela Ortiz, recibía $3.047.568 mensuales más de lo que le correspondía por su rango. Otro episodio duro para la ex Nueva Mayoría fueron las objeciones de Bermúdez al “jubilazo” de Myriam Olate, ex subdirectora técnica de Gendarmería y ex esposa de Osvaldo Andrade (PS).
8. Jadue y el caso Luminarias. En 2020, la Contraloría comunicó a Jadue el inicio de una auditoría en Recoleta a partir una donación equivalente a $50 millones de pesos -realizada por Itelecom- a la Corporación Municipal para el festival Womad. Se trata de la misma empresa que se adjudicó en 2018 un contrato de $10.259.454.000 por 10 años con la municipalidad para instalar luminarias. Bermúdez no validó el proceso de licitación, lo que contradijo la afirmación de Jadue de que “todo el proceso licitatorio fue revisado sin reparos”. El alcalde interpuso una querella en su contra, luego de que Bermúdez afirmara que había “irregularidades” en los traspasos de dineros entre el municipio y la Asociación de Farmacias Populares.
9. Su relación con el gobierno de Boric. El 29 de junio el contralor Jorge Bermúdez anunció la drástica decisión de congelar los traspasos estatales a fundaciones y corporaciones, dada la opacidad detectada en el sistema. La decisión sorprendió a La Moneda y generalizó una crisis política que el gobierno buscaba acotar. Más tarde puso en entredicho la versión del gobierno respecto del cambio de criterio del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, lo que supuso un golpe para la auditora Daniella Caldana, pero también para la jefa de la Dipres Javiera Martínez, a partir de las transferencias a privados por parte de los gobiernos regionales y la disminución de requisitos para ello en la ley de presupuesto del 2023.
- El mes pasado volvió a remecer al Ejecutivo cuando puso una lápida a la estrategia de La Moneda por defender a Crispi, quien se negaba a ir a declarar a la comisión investigadora bajo el argumento de que no era funcionario público. Al caso Convenios se sumaron las alertas que prendió al gobierno en la campaña del Apruebo, donde notificó a La Moneda que estaba a jugando al límite de la intervención electoral.
