Jan Jařab (58) nació en Hranice, actual República Checa, en una familia ligada a la cultura y la política. Es hijo del profesor de literatura norteamericana, traductor y exsenador Josef Jařab, quien participó de la “Revolución de Terciopelo” contra el régimen comunista checo, en 1989. Tras las protestas de ese año, su padre se convirtió en el primer rector electo de la Universidad Palacký de Olomouc.
Las manifestaciones pacíficas contra el régimen soviético marcaron también el ingreso a la política de Jan Jařab, cuando terminaba de estudiar medicina en Praga. Participó en la huelga general de noviembre de 1989, algo que —según ha contado a conocidos— lo marcó como a toda su generación. Una de las principales consignas de entonces era el fin de la norma constitucional que marcaba la hegemonía del partido comunista.
Hizo el servicio militar y luego combinó su trabajo médico con su rol de activista en una organización no gubernamental que documentaba casos de xenofobia contra gitanos e inmigrantes. Posteriormente cursó en Londres un magister en antropología. Tras el triunfo del partido social demócrata checo en las elecciones parlamentarias de 1998, volvió a su país y se sumó al gobierno en el recientemente creado departamento de Derechos Humanos.
Llegó a ser comisionado de DDHH, cargo similar al de subsecretario del ramo, donde estuvo hasta 2004. Durante todo ese tiempo fue independiente y sólo militó años después, y durante un período breve, en un partido “verde”, cuentan quienes lo conocen.
Desde que comenzó a trabajar en Naciones Unidas ha mantenido reserva de sus opiniones partidistas. Los siguientes 6 años —entre 2004 y 2010— integró el gabinete de Vladimír Špidla, quien tras dejar el cargo de primer ministro checo asumió como comisionado europeo para el Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. En ese cargo impulsó, entre otras, políticas contra la discriminación. Entonces dio el salto a Naciones Unidas. Entre 2010 y 2016 se instaló en Bruselas como representante regional de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Europa.
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La situación de migrantes, los derechos de los niños y la discapacidad estuvieron entre los temas que abordó en esos años. Paralelamente desarrolló una labor de traducción del inglés al checo, tanto de textos de no ficción (ensayos de Susan Sontag, entre otros) como de ficción (como Factótum, de Charles Bukowski). También publicó en 2013 un libro para niños titulado El secreto del tío Erik, que partió como un ejercicio de escritura para su hijo, que terminó siendo un libro.
Publicó además un texto con ensayos sobre Derechos Humanos. En junio de 2016 se anunció su llegada a México como representante para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ese cargo enfrentó el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. En 2018 presentó el informe “Doble injusticia”, donde cuestionó la versión oficial según la cual los restos de los jóvenes habían sido calcinados y arrojados a un río por el cartel Guerreros Unidos, luego de que un grupo de policías se los entregara.
El informe presentado por Jařab consignó que en una treintena de casos analizados “los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura”. En diciembre de 2019 —2 meses después del 18-O—, se anunció la llegada de Jařab a Chile como representante regional de ONU-DDHH, con sede en Santiago.
Ese mismo mes el organismo entregó un informe sobre el estallido social que, a raíz de los casos de trauma ocular, sostuvo que “hay razones fundadas para creer que se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada, lo que contraviene los principios internacionales destinados a minimizar el riesgo de heridas”.
En 2021 entregaron un informe de seguimiento, donde valoraron los cambios en los protocolos del uso de la fuerza, pero criticaron la estrategia de “copamiento” policial en Plaza Baquedano, por considerar que infringía el derecho a la reunión pacífica y se basaba en un decreto supremo firmado en dictadura.
En marzo de ese año acusó a Carabineros de actuar de forma sesgada dependiendo de las circunstancias. “Hemos visto que los carabineros intervinieron de manera muy distinta cuando se trató de protestas de jóvenes, por un lado, y bloqueos de camioneros, por otro, que hubo como un sesgo en el actuar de los carabineros”, dijo entonces a La Tercera.
La Convención Constitucional fue otro de los temas respecto de los cuales ha opinado. En octubre de 2021 publicó una columna en el Washington Post de EEUU donde afirmó que “son pocos los procesos que gozan de tanta legitimidad de origen no solo en Chile, sino en el mundo. Pero esta legitimidad de base se debe consolidar poniendo la protección de derechos humanos como pilar de la nueva Constitución. Y estos 100 días han dado un indicio alentador”.
Al año siguiente, ya con el borrador en proceso de redacción, advirtió en La Tercera que “una Constitución (que) resulta demasiado larga, demasiado detallada, eso también puede representar de cierta manera un problema”. El texto fue rechazado ampliamente en el plebiscito del 4 de septiembre. La contraparte de Jařab en el gobierno pasado fue el ministro Hernán Larraín de Justicia y la subsecretaría del ramo, esquema que se mantuvo con el gobierno actual. Conocedores del proceso de redacción afirmaron que Jařab ha mantenido contactos con el Ejecutivo por la publicación, este viernes, de un documento de 7 páginas criticando la defensa privilegiada de la ley Naín-Retamal, que ha generado división en el oficialismo.
El proyecto, con cambios, fue aprobado en el Senado. El jueves, con un día de anticipación, hizo llegar el oficio al Senado. “Preocupa a la Oficina que este tipo de medidas tendría como efecto reducir la rendición de cuentas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, consignó en la página 5. Tras esto, Jařab comenzó una ronda de entrevistas, reiterando sus críticas.
“Nos parece una legislación de corte reactivo, donde no se discutió suficientemente su posible impacto en los derechos humanos“, dijo el sábado a CNN Chile. “Cuando vemos una política o un proyecto de ley que podría no estar acorde a los estándares internacionales, tenemos la obligación de alertar, porque son obligaciones del Estado”, dijo este lunes a Radio Universidad de Chile.
