Acusación Constitucional. La tarde de este lunes, horas después de que la Corte Suprema abriera un cuaderno de remoción en contra de la ministra Ángela Vivanco, la oposición anunció una acusación constitucional en contra de la jueza y de Sergio Muñoz, reconocido como uno de los integrantes más influyentes del máximo tribunal.
- El caso por el que Muñoz será acusado se originó en diciembre de 2022, cuando fue recusado por la inmobiliaria Fundamenta en una causa que involucraba a su hija, la jueza Graciel Muñoz.
- Se trataba de una demanda de vecinos contra el proyecto inmobiliario que se desarrolla en Plaza Egaña, donde su hija había firmado la compraventa de dos departamentos en el lugar.
- Según el testimonio de la jefa de proyectos de Fundamenta, Valentina Riquelme, la jueza Muñoz la llamó en noviembre de 2022 pidiéndole recuperar los abonos que había hecho en Eco Egaña para traspasarlos a otro proyecto Eco Irarrázaval. Según su testimonio ante notario, Muñoz le señaló que su padre estaba viendo el tema en la Corte Suprema y le recomendó que “moviera las platas del proyecto”.
- Al aceptar inhabilitarse en el caso, el juez Sergio Muñoz respondió que “no comento al interior de mi familia los procesos en que participo como ministro”. “Mi hija Graciel Muñoz tiene una vida propia, tomando autónomamente sus propias determinaciones”.
De la recusación a la Comisión de Ética. La Comisión de Ética de la Suprema abrió una investigación en contra de Muñoz a fines de julio, vale decir, casi dos años después de ser recusado.
- Parlamentarios oficialistas han tomado distancia del libelo anunciado contra Muñoz. Hasta ahora se han cuadrado con la acusación contra Vivanco, no así contra el juez Jean Pierre Matus, quien aparece en los chats con Hermosilla agradeciéndole tras su llegada a la Suprema.
- El ministro Luis Cordero indicó este lunes en Tolerancia Cero que en el caso de Muñoz “no me queda clara la razón de la acusación constitucional”.
Quién es. Sergio Manuel Muñoz Gajardo nació en 1957 en el Maule, en una familia de empleados públicos. Es el menor de 4 hermanos hijos de la enfermera Juana Gajardo y del profesor Sergio Muñoz, quien fue director de la escuela número 3 de San Javier, al suroeste de Talca.
- Tras esos años viajó a Santiago, donde cursó la enseñanza media en el Internado Nacional Barros Arana.
- Estudió derecho en la Universidad Católica de Valparaíso, donde presidió el departamento de bienestar social del centro de alumnos de Derecho, en 1978 y 1979. Se tituló con la tesis “La Casación en el fondo, de oficio, en materia civil”.
- Entró al Poder Judicial el 17 de marzo de 1981, donde estuvo 10 meses a contrata antes de ingresar a la planta, como oficial segundo del tercer juzgado del Crimen de Valparaíso. En la década de los 90 pasó a ser juez del duodécimo juzgado del crimen de Santiago. En 1996 dio el salto a relator titular de la Corte Suprema, paso que antecedió su llegada al máximo tribunal.
Casos de alta visibilidad. En 1998 fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, funciones en las que asumió las causas que le dieron visibilidad nacional: Tucapel Jiménez, Banco Riggs y el caso Spiniak.
- En 2002 condenó a 12 personas por su rol en la operación de la Dirección de Inteligencia del Ejército para asesinar al líder sindical, en 1982. En abril de 2005 pidió a la Corte de Apelaciones de Santiago el desafuero de Pinochet en el marco del caso Riggs. En junio de 2004 procesó por asociación ilícita a Claudio Spiniak, y en agosto de ese mismo año encausó por falso testimonio a Gemita Bueno, quien acusó falsamente de abusos al senador UDI Jovino Novoa. Muñoz la procesó luego de que ella dijera a la prensa que había mentido, lo que le valió algunas críticas por no haber aclarado públicamente eso antes, pese a contar con todos los antecedentes.
- Fue propuesto por el Presidente Ricardo Lagos como ministro de la Corte Suprema. Su nominación fue visada —en votación secreta del Senado—, por 36 votos contra 8, en octubre de 2005. Muñoz tenía 48 años.
- En 2012 llamó la atención la resolución que detuvo la termoeléctrica Castilla en Atacama, exigiendo a la compañía pasar nuevamente por toda la tramitación medioambiental si quería insistir con el proyecto. La decisión, que ocurrió luego de que Muñoz pasara de la primera a la tercera sala, fue leída como un “supremazo” suyo.
“Interpretar el derecho es un arte, no una ciencia”. El 1 de marzo de 2014 —tras ser elegido en diciembre de 2013 como presidente del máximo tribunal— respondió a las críticas de La Moneda, que consideró baja la pena de 18 años de cárcel dada al machi Celestino Córdova por el delito incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido en 2013. “Este espectáculo lo observamos en Chile y en algunos otros lugares que se califican de repúblicas bananeras y caribeñas, con todo respeto de estas repúblicas”, dijo Muñoz.
- Ese mismo mes dio una entrevista a Revista Qué Pasa, donde entregó una clave de su aproximación a la labor de los jueces. “Hace mucho tiempo que la escuela de la exégesis, que es interpretar artículo por artículo, dejó de ver la luz”, dijo. “Esto es igual que la pintura. Antes era rupestre, luego en doble plano. Después se fue creando la perspectiva. Posteriormente nacieron otras formas, como el realismo, el cubismo. Después pasa que usted es la concepción de la figura y no necesariamente de una forma. Esto es igual. Es una interpretación. Porque interpretar el derecho es un arte, no es una ciencia”.
- Esta visión, para algunos laxa de la labor judicial, lo enfrentó en noviembre de 2015 con el expresidente Lagos. “Terminan siendo los tribunales los que administran el país, y ellos están para hacer justicia”, dijo el exmandatario en un seminario de Valor Minero.
Caso isapres y el reproche del Colegio de Abogados. El 30 de noviembre de 2022 la Tercera Sala estableció que las isapres debían unificar sus criterios de cobro en torno a una tabla de factores dictada por la Superintendencia de Salud en 2019 y restituir cobros excesivos.
- En marzo de este año el gobierno estimó en US$ 1.400 millones los montos que tendrían que devolver y delineó un proyecto de ley corta para concretarlo.
- El 10 de agosto la Tercera Sala anuló la alza de las primas GES para todas las isapres y abrió la puerta a devoluciones a usuarios, que algunos expertos han estimado en US$ 500 millones, añadiendo un fuerte golpe a la industria.
- El consejo del Colegio de Abogados cuestionó la sentencia. En una declaración inédita señalaron que al máximo tribunal no le corresponde emitir sentencias con carácter “general” y que la definición de políticas públicas para enfrentar el problema de la judicialización de los contratos en el sistema de salud privado, debe ser resuelto por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
