Montes no fue informado de allanamiento de la PDI al Minvu para que no se frustrara diligencia
En la imagen de archivo, el ministro de Vivienda, Carlos Montes - Agencia Uno.
Pasadas las las 9:30 horas de este jueves la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, en conjunto con la Fiscalía de Tarapacá, allanaron las dependencias del Ministerio de Vivienda. La solicitud fue realizada al Tribunal de Garantía de Iquique este lunes y hoy se ingresó con personal de la PDI al edificio. El procedimiento se determinó luego que desde el Ministerio no contestaran los últimos oficios enviados por el Ministerio Público, vinculados al caso EnRed Social.
La jefe de la División Jurídica del Minvu, Marcela Rivas, envió el 14 de agosto antecedentes de la fundación a la fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado. Pero Rivas no ha concurrido a declarar al Ministerio Público.
Según el artículo 209 del Código Procesal Penal, “para proceder al examen y registro de lugares religiosos, edificios en que funcionare alguna autoridad pública o recintos militares, el fiscal deberá oficiar previamente a la autoridad o persona a cuyo cargo estuviera” con al menos 48 horas de anticipación.
Pero esto último no se hizo en el allanamiento de este jueves al menos hasta el día anterior de efectuarse.
Desde el Ministerio Público se apeló al mismo artículo en el que se plantea que se debe oficiar a la autoridad correspondiente -en este caso al ministro Carlos Montes o a la subsecretaria Gabriela Elgueta- “a menos que fuere de temer que por dicho aviso pudiere frustrarse la diligencia”.
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Montes se vio entrar a las 9:20 horas de este jueves a las oficinas del Minvu.
Lo ocurrido con la jefa de la División Jurídica del Minvu y con los oficios que no habrían sido contestados generó preocupación en la fiscalía. Esto, porque según conocedores de las indagatorias, de la información obtenida hasta ahora hay sospechas de que la recomendación de realizar contratos con EnRed Social no provendría solo de autoridades de la Región de Tarapacá, sino también desde Santiago.
La investigación por parte del ente persecutor sobre traspasos realizados a esta fundación se ha extendido hasta ahora desde Tarapacá a las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Ñuble y La Araucanía.
