Migración: La disputa por la ley que convierte en delito los ingresos clandestinos
Agencia Uno
Qué observar. Alrededor de las 20:30 horas de este miércoles, en medio de la discusión de la partida del Ministerio de Agricultura de la ley de presupuesto en la Cámara de Diputadas y Diputados, la oposición solicitó suspender la sesión al enterarse que la cabo segundo Rayén Currihuil Curlin fue gravemente herida con una granada en medio de un procedimiento policial.
- Si bien la discusión continuó, minutos después la sesión se suspendió por alrededor de media hora y se realizó una reunión de comités.
- En ese momento, la oposición pidió que se tramitara de manera exprés un proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso clandestino. Parte del oficialismo se negó.
- La mañana de este jueves, la oposición volvió a hacer el punto y solicitaron al Ejecutivo que le pongan urgencia legislativa a la iniciativa para que así pueda ser tramitada de manera más expedita.
- En consideración, señalaron, hay que tener en cuenta no solo el ataque a la cabo segundo, sino también los tres secuestros ocurridos a comienzos de noviembre.
La respuesta de La Moneda. “Nosotros lo que definimos fue una agenda concordada con los presidentes de ambas Cámaras, con 31 proyectos de ley”, dijo luego el ministro de la Segpres Álvaro Elizalde. “Nos vamos a concentrar en sacar esa agenda adelante”, añadió, lo que supuso dejar cerrada esa alternativa.
Un proyecto en tabla (pero sin urgencia del gobierno). El proyecto, que plantea la oposición y que es apoyado por personeros del oficialismo, no forma parte del fast track legislativo anunciado en abril de este año. Sin embargo, la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados ya lo despachó a su discusión a la sala de la Corporación hace alrededor de 4 meses.
- Al no contar con urgencia, no ha sido discutido en el hemiciclo. Por este motivo la oposición ha insistido durante estos días en la necesidad de que cuente con el patrocinio del Ejecutivo.
- El problema es que al Gobierno, señalan fuentes oficialistas, no le agrada el proyecto. Sus motivos serían dos. 1) A nivel internacional la tendencia es a que la migración por pasos no habilitados sea una falta administrativa y no un delito, por lo que al Ejecutivo le complicaría la imagen de Chile y el cumplimiento de los tratados internacionales. 2) Los tribunales se repletarían de estas causas y no podrían tramitar otras.
La ofensiva en el Congreso. Para algunos, la resistencia del Ejecutivo frente al proyecto, al igual que el FA-PC, puede abrirle un flanco en el Parlamento.
- La próxima semana, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, pondrá el proyecto en tabla. Y si es que no se alcanza a tramitar por tener otras iniciativas priorizadas, llamará a una sesión especial para a más tardar en diciembre.
- El problema es que el proyecto es apoyado por la oposición en general y también en sectores oficialistas.
- Por ejemplo, el subjefe de bancada independiente PPD, Jaime Araya, quien es el representante de dicho sector en la comisión de Seguridad, ya ha explicitado su apoyo a la iniciativa.
- La sola idea de que las dos almas del gobierno se dividan en torno a un proyecto vinculado a la seguridad y la migración, en momentos en que empieza la campaña con miras al plebiscito constitucional del 17 de diciembre, ha generado inquietud entre algunos parlamentarios de la coalición oficialista.
Qué dice la iniciativa. El proyecto que está en primer trámite constitucional en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados busca, a grandes rasgos, que los ingresos clandestinos al país dejen de ser una falta administrativa y que sean un delito, es decir, que pueda existir condena.
1. Sanción: Se propone que para quienes entren a Chile por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio, sea sancionado con presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) o multa de cinco a 10 UTM (hasta $640 mil). En el caso de que se opte por la multa, deberá monitorearse a la persona y “cuando resulte mérito para condenar, pero concurrieren antecedentes favorables que no hicieren aconsejable la imposición de la pena al imputado o este careciere de los recursos para su pago, el juez podrá dictar la sentencia y disponer la expulsión”.
En el caso de los migrantes que ingresen de forma irregular y tuviesen una causal de impedimento de entrar, la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años y 1 día). Esta última pena también sería para quienes ingresan o intentan salir de Chile con documentos falsos o “faltando a la verdad en la información requerida por la autoridad”.
Una vez cumplida la pena “se procederá siempre a la expulsión del extranjero”, señala el proyecto. La excepción a todo lo anterior es para quienes reúnan las condiciones para ser reconocidos como refugiados, además de “niños, niñas o adolescentes o al padre, madre, guardador o persona encargada de su cuidado personal”.
2. Reconducción: El proyecto de ley establece que cuando se detiene a la persona en flagrancia, la primera medida que regirá es la reconducción a otros países, y de no poderse, se pondrá a disposición de los tribunales.
3. Investigación: En la formalización, la prisión preventiva será sólo en caso de peligro de fuga porque se desconoce la identidad de la persona o “carezca de medios para costear su estadía por el plazo de investigación”. El fiscal tendrá sólo tres meses para investigar y puede solicitar prórroga por tres meses más.
4. Trata de personas: La iniciativa también establece que si en el curso de investigación surgen antecedentes de que la persona imputada de haber ingresado a Chile de manera ilegal fue víctima del delito de trata de persona, el juez dictará el sobreseimiento definitivo y comunicará los hechos al Ministerio del Interior y a la Fiscalía Regional respectiva.
Ojo con. La discusión sobre esta materia se dará en medio de una etapa electoral. Este viernes comienza el periodo legal de propaganda en un contexto en el que el tema migratorio se ha convertido en una agenda clave (tal como lo muestran las prioridades de los chilenos en las encuestas de opinión). La propuesta constitucional que será plebiscitada el 17 de diciembre propone la expulsión en el menor plazo posible de quienes estén de manera irregular en el país.
