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Política

Los contactos no informados con Monsalve que hicieron caer a la jefa jurídica de Interior, Luppy Aguirre

Luppy Aguirre
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El subsecretario del Interior, Luis Cordero, aceptó la renuncia de la jefa de la división jurídica del ministerio, Luppy Aguirre, luego de que su nombre apareciera en la segunda jornada de la formalización de Manuel Monsalve. Según la querellante, María Elena Santibáñez, Monsalve contactó a la abogada antes y después de que se hiciera pública la denuncia en su contra para pedirle consejos legales y el teléfono del fiscal que lleva el caso Xavier Armendáriz. Aguirre le recomendó contratar a Lino Disi, parte del equipo legal que hoy lo asesora. Desde La Moneda señalan que no informó de estos contactos a sus superiores.

Los contactos con Monsalve. Este miércoles, a las 11.29 horas, la Subsecretaría del Interior informó de la renuncia de Luppy Aguirre Bravo a la jefatura de la división jurídica del Ministerio del Interior. Fuentes del Gobierno aseguran que Aguirre presentó esta su dimisión al subsecretario Luis Cordero, quien la aceptó y designó en su reemplazo, en forma interina, al abogado José Ignacio García, actual funcionario de la repartición.

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  • La abogada, que llegó a Interior en julio de 2022 en medio de una crisis por el manejo del caso Huracán, fue nombrada en la segunda jornada de formalización del exsubsecretario Manuel Monsalve por la querellante María Elena Santibáñez.
  • Según el relato de Santibáñez, el 15 de octubre, luego de reunirse con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, Monsalve llamó a Luppy Aguirre para pedirle asesoría legal.
  • La querellante aseguró que la exautoridad le relató de forma genérica y parcial lo que habría ocurrido entre el 22 y el 23 de septiembre en el Hotel Panamericano, y le señaló que creía que podría ser extorsionado. Monsalve omitió detalles como que había conversado con el Presidente Boric sobre el tema o que a través de la exjefa de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, Cristina Vilches, realizó gestiones para revisar las cámaras del centro de Santiago.
  • Aguirre le habría contestado que ella no era la adecuada para asesorarlo y que tenía que contratar un equipo de abogados. Fuentes de La Moneda aseguran que le sugirió contactar a Lino Disi, quien actualmente integra su defensa junto a María Inés Horvitz y Cristián Arias. Contactados por Ex-Ante, los defensores declinaron entregar comentarios.
  • El 17 de octubre, luego de que La Segunda hiciera pública la denuncia, Manuel Monsalve le escribió un WhatsApp pidiendo nuevamente consejos jurídicos. Además, sin decirle para qué lo utilizaría, le pidió el contacto del fiscal centro norte, Xavier Armendáriz, quien lleva la investigación en su contra.
  • Fuentes de La Moneda aseguran que Aguirre no habría comunicado a sus superiores los contactos con Monsalve previos y posteriores a su salida del cargo de subsecretario del Interior.
  • Luppy Aguirre podría volver a su antiguo cargo en el Consejo de Defensa del Estado, que desde 2022 tiene un cupo congelado.

Quién es. Luppy del Pilar Aguirre Bravo, nació en 1973 en Punta Arenas, y terminó el colegio en Santiago. Egresó en 1990 del Liceo B 42 Tajamar de Providencia. Estudió derecho en la Universidad de Chile. Sus intereses estuvieron desde temprano ligados al área penal.

  • Ha desarrollado una carrera académica como profesora asistente en la clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la U. de Chile. Hasta 2017 fue investigadora del Centro de Estudios de la Justicia que dirigía María Inés Horvitz, con quien Aguirre compartiría en el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
  • En la década de 1990 llegó a trabajar al CDE, donde forjó una fama de litigante dura. Primero estuvo en la procuraduría criminal y en 1999 pasó a ser abogada litigante del área penal. Uno de los casos de alta connotación en que representó al CDE fue el del asesinato en 1995 del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Eugenio Berríos. En ese contexto pidió el desafuero de Augusto Pinochet.
  • En octubre de 2006 presentó a la Corte de Apelaciones de Santiago un reporte militar de 1992 afirmando que “si el pleno lo analiza, podemos ver que ese oficio institucionaliza la práctica que existía de mantener informado al alto mando acerca de los procesos judiciales, a través de la Auditoría General del Ejército”. El tribunal de alzada lo desaforó por asociación ilícita pero no por homicidio. En 2015 la Corte Suprema condenó a 14 militares en retiro por el crimen. Pinochet no estaba entre ellos.
  • En 2016 se enfrentó con el entonces presidente del órgano, Juan Ignacio Piña, quien había enviado a los funcionarios del CDE una carta con el membrete de la institución y de la empresa Inmune, que contrató para reducir el ausentismo laboral. En la misiva había cuestionamientos al 6,78% de las licencias médicas cursadas a trabajadores del órgano, entregadas por médicos cuestionados.
  • Aguirre, entonces presidenta de la Asociación Nacional de Abogados del CDE, dijo a Ciper Chile que la carta de Piña parecía una “velada amenaza de que tenían identificados a los funcionarios”. Piña contestó que enviar el escrito fue “una pelotudez superlativa (…). Es súper fome que se me haya ensuciado el partido por un puntapié inicial absolutamente fatal”.
  • En febrero de 2018 alegó ante la Corte Suprema por la extradición desde Francia del exfrentista Ricardo Palma Salamanca, condenado por el homicidio en 1991 del senador UDI Jaime Guzmán y por el secuestro ese mismo año de Cristián Edwards, hoy vicepresidente de El Mercurio SAP.
  • Participó en las investigaciones de los casos Corpesca, Penta y SQM, vinculados a financiamiento irregular de la política, en representación del CDE.

Las cartas de Luppy Aguirre. Fue uno de los 206 profesores de Derecho que en octubre de 2019 firmaron una carta por el 18-O que aseguraba que “nos comprometemos a que ningún acto constitutivo de una violación a los derechos humanos quede impune, impulsaremos incansablemente que se hagan efectivas todas y cada una de las responsabilidades legales, constitucionales e internacionales que correspondan a los hechos acaecidos en estos días, respecto de las autoridades de gobierno, como los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden”. Entre los firmantes estaban también el exabogado de Interior Salvador Millaleo y los exconvencionales del Frente Amplio, Fernando Atria, Amaya Álvez, Jaime Bassa y Christian Viera.

  • En septiembre de 2020 firmó una carta de apoyo a la abogada Horvitz, a quien el UDI Pablo Longueira caracterizó como “la comunista, penalista, que está en el CDE. Me han perseguido los comunistas”. La misiva planteaba que “en el pensamiento dicotómico patriarcal solo hay vírgenes o brujas (…). El señor Longueira ha tenido la desfachatez de inculpar a doña María Inés Horvitz de su suerte. Y ha señalado que su problema judicial se debe a un capricho motivado por ideas políticas de la abogada”. También firmaron la exasesora de Interior Ana Lya Uriarte y las exconvencionales Bárbara Sepúlveda (PC), Constanza Schönhaut y Amaya Álvez (FA).

Arribo a La Moneda. Llegó a La Moneda el 15 de julio de 2022 luego de que la exministra del Interior, Izkia Siches, removiera a Camila Barros, en el que se convirtió en el tercer ajuste importante de su equipo. El primero en salir fue Millaleo, quien renunció tras la fallida visita de Siches a Temucuicui. Luego, dejó su puesto el jefe de gabinete, Roberto Estay, y finalmente salió Barros, un día después de que el Presidente Boric pidiera “responsables” por la exclusión del Gobierno en la causa por la Operación Huracán, por un error de carácter formal en uno de los escritos.

  • El error se le imputó al también exabogado de Interior, Luis Martínez, quien salió de la cartera luego de quedarse dormido y no presentarse a una audiencia por el homicidio del sargento Francisco Benavides, asesinado a tiros en La Araucanía en 2021.
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