Los argumentos de la Acusación Constitucional contra el ministro Ávila (y el apoyo decisivo de la UDI)

Qué pasó. Fue el martes pasado cuando las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano, anunciaron una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Pocos minutos antes, Chile Vamos y Republicanos anunciaron una interpelación en su contra.

• La descoordinación de la oposición provocó al interior de las bancadas que los parlamentarios se replantearan la idea de interpelar al jefe de la repartición, una idea que surgió desde la UDI.
• Desde Chile Vamos plantean que realizar las dos acciones en paralelo podrían hacer perder fuerza a ambas herramientas parlamentarias, por lo que anunciaron que se sumarán a la acusación, igual que los republicanos, y que no realizarán la interpelación.

Detalles de la acusación. Pese a que la idea de las diputadas Concha y Muñoz era presentar el líbelo acusatorio la semana pasada, el hecho de que se sumara todo Chile Vamos y Republicanos ha generado un retraso. En la oposición plantean que no van a apoyar la acusación solo con las firmas, sino que se harán parte en la redacción y presentación del juicio político, por lo que se espera tener el documento a finales de esta semana o a más tardar el próximo martes.

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• Para ello están realizando diversas reuniones entre los cuatro comités que realizarán la acusación: Evópoli (4 diputados), RN (23), la UDI (23), los ind. Social Cristianos (7) y el Partido Republicano (12). En el caso de la bancada del partido de José Antonio Kast, se sumarán dentro de estos días a los encuentros para redactar el líbelo acusatorio.
• En principio, el argumento de las diputadas Muñoz y Concha era la actualización del documento de “orientación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno” publicado el 17 de mayo. Pero desde Chile Vamos, y sobre todo desde la UDI, plantean que es un error centrar la argumentación en dicha actualización.
• Esto último porque reconocen que se trata de una guía “voluntaria y no vinculante” y que es algo que viene desde el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, por lo que no sería un argumento fuerte para destituir al ministro.
• Por eso, el principal argumento que están trabajando para la acusación son los niveles de deserción escolar que según cifras del diputado Bobadilla son “del orden de cincuenta mil alumnos”.
• Para la oposición es clave plantear que la deserción se debe a la violencia en las salas de clases y establecimientos educacionales, algo que también estaría afectando a los profesores. Por eso, argumentan, apelarán a la “no utilización” de la ley aula segura, otro punto clave que tendrá la acusación.
• También plantean que dentro del líbelo acusatorio argumentarán en contra de la tómbola como método de matrícula escolar. Para la oposición, este sistema es contrario al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos establecido en la Constitución. De hecho, consideran que argumentar contra la tómbola en esa línea es más correcto que hacerlo en base a la guía de orientación.
• Algo que aún no está zanjado es si en el documento se incorporarán las “promesas incumplidas” por parte del Presidente Gabriel Boric, como la condonación del CAE o el pago de la deuda histórica a los profesores. Ambos temas son parte del programa de Gobierno del mandatario, pero en su discurso de la cuenta pública del 1 de junio supeditó su cumplimiento con la aprobación de una reforma tributaria.

El rol clave de la UDI. El primero de Chile Vamos en apoyar la idea de una acusación, en vez de una interpelación, fue el secretario general de RN, el Diputado Diego Schalper. Después se sumó la bancada completa. En principio la UDI quería interpelar al ministro, pero los antecedentes recopilados hicieron que respaldaran la AC y que se involucren en su redacción.

• El jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, plantea: “Es un comentario obligado en el Congreso de que las prioridades del ministro están equivocadas, de que ha cometido demasiados errores, que no ha atendido a la violencia en los colegios, que no se ha hecho cargo de los niños de sexto básico que no saben leer, que no hay planes de verdad para el tema de la deserción escolar, pero que sí hay urgencia para temas identitarios que no son urgentes en este momento en el país”.
• “Llegamos a a la conclusión de que continuar con la interpelación, y en paralelo la acusación constitucional, debilitaban ambas herramientas y por eso nosotros tomamos la decisión, como bancada, sumarnos a la acusación constitucional con Republicanos, RN y Evópoli”, detalla el diputado Sergio Bobadilla (UDI), integrante de la comisión de Educación de la Cámara Baja.

Conteo de votos. No es la primera vez que Ávila está en el ojo del huracán. El año pasado, el ministro de Educación fue interpelado y en marzo de este año, antes de que el Presidente Boric realizara el cambio de gabinete, desde Chile Vamos anunciaron una interpelación contra Ávila si no dejaba su cargo.

• Ávila se mantuvo y la interpelación nunca llegó. Desde la oposición reconocen que cometieron un error, que es algo que debieron haber realizado mucho antes y que “los pilló la máquina”. De hecho, plantean abiertamente que la acusación contra el ministro debió ser antes.
• Ahora, con todos los antecedentes a la mano, Ávila y el Ejecutivo tiene el tema cuesta arriba. Si es que todos los diputados de las distintas bancadas que están apoyando el líbelo acusatorio aprueban el juicio político, Ávila ya tendría 69 votos en su conta. A ello habría que sumar al diputado Gonzalo de la Carrera.
• Si están todos los diputados en sala, en total se necesitan 78 para que la acusación pase al Senado. En el PDG, la diputada Karen Medina ya anunció que apoyará la idea, mientras que los otros tres parlamentarios y la DC plantean que estudiarán con detalle el documento.
• Si ellos también se suman, la acusación constitucional contra Ávila sería aprobada y tendría que enfrentar al Senado.
• Si eso ocurre, sería la primera acusación constitucional contra un ministro del Presidente Boric que tendría que ser revisada por la Cámara Alta. Tanto el juicio político de las exministras Izkia Siches y Marcela Ríos, como el del ministro Giorgio Jackson, fueron rechazados en la Cámara de Diputadas y Diputados.

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