Qué pasó. Los principales bancos de inversión que financian proyectos de infraestructura en Chile han encendido las alarmas sobre la implementación del cargo Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGDs) propuesta por el gobierno.
- En una carta dirigida a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, firmas como Blackrock, Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft, MetLife Investment Management y Sumitomo Mitsui Banking Corporation advirtieron que la medida puede tener consecuencias devastadoras para la confianza en Chile como destino de inversiones.
- La carta iba con copia a los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Energía, Diego Pardow, así como sus respectivos subsecretarios, para que también puedan tomar conocimiento, señala el representante de los bancos en Chile, el abogado Antonio Morales Mutis.
- Los bancos enfatizan que Chile, durante décadas, ha sido un ejemplo de estabilidad jurídica y respeto a las reglas del juego, lo que ha permitido atraer financiamiento internacional en sectores clave, como la energía renovable y la infraestructura. Sin embargo, la introducción del cargo FET, aplicable a los proyectos acogidos al artículo 2 transitorio del Decreto Supremo 88/2020, rompe con el marco regulatorio que originalmente se ofreció a los inversionistas, lo que podría generar un “retroceso irreparable” en la confianza ganada por el país en los mercados internacionales.
Impacto inmediato en empleo y proyectos. Los inversionistas subrayan que la implementación de este cargo podría llevar a la insolvencia de varios proyectos de PMGDs, afectando gravemente la capacidad de las compañías para cumplir con sus obligaciones financieras. Esto podría traducirse en la suspensión de nuevos proyectos de generación de energía, pérdida de empleos y un deterioro generalizado del sector energético, crucial para el plan de descarbonización del país.
- “El incumplimiento de los contratos por parte de las empresas que operan los PMGDs puede provocar la suspensión de desembolsos, la paralización de nuevos compromisos financieros y la liquidación de proyectos existentes”, advierten los bancos en la misiva, añadiendo que el Estado también sufriría una pérdida significativa en recaudación fiscal por conceptos de IVA y otros impuestos.
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Chile podría perder competitividad. En la carta, los firmantes no solo se centran en el impacto inmediato. Los bancos proyectan que la percepción de Chile como un mercado seguro y atractivo para la inversión se verá gravemente afectada si la medida se aprueba. Proyectos de infraestructura, energías renovables y tecnologías emergentes, como el hidrógeno verde, podrían verse desincentivados por la falta de confianza en el marco regulatorio chileno.
- “Los inversionistas podrían redirigir sus capitales a jurisdicciones más estables y confiables, lo que representaría un golpe para sectores clave de la economía chilena”, destacan los firmantes, que ya han notado la suspensión de algunos proyectos por parte de sus clientes debido a la incertidumbre generada por el proyecto de ley.
Llamado a rectificar. Aunque los inversionistas comprenden la necesidad de reducir el costo final de la energía para los consumidores, hacen un llamado enfático al gobierno y a los legisladores para reconsiderar el camino escogido. El debilitamiento del marco regulatorio, advierten, puede tener consecuencias nefastas en la atracción de capitales internacionales, poniendo en riesgo inversiones esenciales para el desarrollo de energías limpias y la modernización del país.
- “La sola presentación de este proyecto ha hecho que algunos inversionistas detengan sus operaciones en Chile”, indican, refiriéndose al análisis negativo que S&P Global emitió en agosto sobre las consecuencias de esta medida para la economía chilena.
- Finalmente, las instituciones financieras reiteran su deseo de continuar invirtiendo en el país, pero piden que se respeten las reglas previamente establecidas para no destruir el clima de confianza que tanto ha costado construir.
