En julio de 2022, Boric criticó que el gobierno quedara fuera de la tramitación de la Operación Huracán, señalando que se trataba de un asunto inaceptable. “Las características de este error son inaceptables y tiene que haber responsabilidades. Voy a conversar con la ministra. Entiendo que es anterior, es algo que venía hace tiempo, pero van a tener que asumir responsabilidades, sin lugar a duda”, dijo el Presidente, sin responsabilizar directamente a la División Jurídica de Interior, entonces al mando Camila Barros, asesora clave de la ex ministra Siches.
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Boric intervino tras la controversia en La Moneda por el manejo del Caso Huracán, luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco confirmara la exclusión del gobierno de la causa por la Operación Huracán, en que 8 personas —entre ellos Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)— fueron imputadas en 2017 como supuestos partícipes de una asociación ilícita terrorista para perpetrar atentados en el sur, con pruebas falsas presentadas por carabineros.
Un día después de que Boric hablara de que se iban a tener que asumir responsabilidades por lo ocurrido, Siches anunció que la penalista Luppy Aguirre asumiría la jefatura de la División Jurídica del Ministerio del Interior, en reemplazo de Camila Barros.
Este lunes, catorce meses después, la abogada reapareció en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Y lo hizo en representación del gobierno, en el marco de la agenda de seguridad y haciendo alusión al acuerdo del Gobierno y el Congreso de dar fast track a una lista de proyectos de ese ámbito.
Entonces intervino Pamela Jiles. “Yo no puedo dejar pasar que cuando nosotros entregamos la votación de unanimidad para que pueda una asesora reemplazar en la práctica a un subsecretario (Manuel Mosalve) que no ha llegado a la hora, cuestión que no es mi problema, sino del subsecretario, pensamos que las opiniones que se van e emitir son eminentemente técnicas. Y la asesora acaba de señalar algo que es una mentira y en segundo lugar una inexactitud política y por lo tanto una opinión política que es inaceptable”.
Jiles se refería precisamente a la agenda conjunta del Congreso y el Gobierno, que dijo que nunca se suscribió como Corporación. “Entonces pediría que retiráramos en lo posible del acta la afirmación que hace una asesora en términos de que existe un acuerdo, porque no hay tal acuerdo”, añadió.
Lo cierto es que Camila Barros, que solo observaba lo que ocurría con Jiles, nunca fue apartada del Ministerio del Interior.
Hasta el 31 de diciembre de ese 2022 se desempeñó como “asesora gabinete ministra en materias legislativas”, percibiendo un sueldo bruto de $ 4 millones. El 1 de enero de 2023 apareció con un nuevo cargo, recibiendo la misma remuneración. La descripción de su labor dice lo siguiente: “Asesorar en materias legislativas de competencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Análisis, estudio y elaboración de minutas e informes pertinentes. Asistencia a sesiones de la Cámara de Diputados y/o Senado en que sea requerida su presencia, así como demás funciones que le encomiende la autoridad en el ámbito de sus competencias”.
En su red personal Linkedin aparece como Jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior.
Existen varios episodios controvertidos que ha enfrentado Barros en su gestión. En junio de 2022, por ejemplo, un abogado de su división no concurrió a una audiencia por el homicidio del sargento de Carabineros Francisco Benavides por haberse quedado dormido. La bancada de diputados de RN pidió su remoción y la de la UDI realizó duras críticas por el episodio.
De acuerdo a La Tercera, la abogada y la asesora Javiera Corvalán ingresaron en abril un patrocinio y poder al Juzgado de Garantía de Colina para poder participar en una causa de 2007 en el que el gobierno es parte. La resolución de la jueza fue la siguiente: “Previo a proveer, señálese el número de cédula de identidad de las abogadas Camila Barros y Javiera Corvalán, dentro del tercer día, bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito”.
