Que observar. Una ronda de interrogatorios en Santiago tiene agendada esta semana el fiscal del Caso Convenios, Cristián Aguilar, quien se trasladará desde Antofagasta a la capital para realizar el 22 y 23 de febrero las diligencias que ya coordinó con los abogados defensores.
- Así, según fuentes vinculadas a la causa, el jueves 22 de febrero interrogará al exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson Drago (RD)
- El viernes será el turno de la directora de Presupuestos del gobierno, Javiera Martínez Fariña (RD).
- Y durante esas jornadas, también tomará declaración al jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi Serrano (RD).
- Todos declararán como imputados en la causa, calidad que tienen a partir de una querella interpuesta en agosto por los diputados del Partido Republicano, Cristián Araya y Juan Irarrázaval.
- La fiscalía busca despejar el conocimiento que tuvieron, en particular Crispi, de los convenios de la Fundación Democracia Viva con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, causa que se encuentra más avanzada y dónde están formalizados y en prisión preventiva, Daniel Andrade el presidente de esa fundación, y Carlos Contreras, el ex seremi. Ambos expulsados de RD. En esa causa, el fiscal está indagando el posible delito de omisión de denuncia por parte de las autoridades y funcionarios públicos.
- El interrogatorio se centrará sobre qué rol desempeñaron en el cuestionado convenio entre el Gobierno Regional de Antofagasta con la Fundación ProCultura, del psiquiatra Alberto Larraín, por la renovación de fachadas de la ciudad por $630 millones.
- No se descarta que en su viaje el fiscal sume otros interrogatorios.
Separación de investigaciones. El fiscal Aguilar que ya había separado en distintos RUC, la causa principal de Democracia Viva de la investigación por omisión de denuncia (el deber de los funcionarios públicos de denunciar los hechos ilícitos de los que tengan conocimiento), el viernes pasado notificó de un nuevo reordenamiento de la causa.
- Ese día el fiscal informó al Juzgado de Garantía de Antofagasta que había separado la causa del convenio entre el GORE y ProCultura.
- Fuentes de la defensa consideran que es una señal de que el fiscal busca encapsular la arista más política, separándola de la investigación por fraude al fisco, lo que le permitiría despejar esa arista pronto. “El fiscal ha decidido separar la investigación y sacar a Crispi de la causa sobre Democracia Viva. Ahora es parte de una investigación que sólo tiene como fundamento la querella de dos diputados republicanos”, señalan en el entorno de Crispi.
Qué dice la querella. La querella criminal presentada por los diputados apunta a Jackson, Martínez y Crispi, y en contra de quiénes resulten responsables como presuntos autores, cómplices y encubridores del delito de fraude al fisco.
- Respecto al ex ministro Jackson sostienen que fue miembro del movimiento Nueva Acción Universitaria NAU de la Universidad Católica y presidente de la federación de estudiantes FEUC, además de vocero de Confederación de Estudiantes de Chile, Confech durante las movilizaciones estudiantiles de 2011. Es fundador de Revolución Democrática el año 2012.
- La querella señala que Jackson fue ministro secretario general de la Presidencia entre marzo y septiembre de 2022, ministerio del que dependía el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).
- Los querellantes señalan que en junio de 2022 se dieron instrucción que rebajaron los controles del CAIGG sobre el destino y uso de los recursos públicos.
- “Por mail fecha 24 de junio de 2022 el referido CAIGG comunicó a las contralorías de los servicios públicos, en el reporte semestral la instrucción de que no debían informar la transferencia hacia terceros”.
- “La investigación del Ministerio Público deberá determinar la intervención que en este acto tiene el querellado Sr. Jackson Drago”, dice la querella.
- Respecto a Javiera Martínez. Se señala que fue candidata a coordinadora general de la Feuc por el NAU y coordinara de campaña y luego asesora de Jackson como diputado.
- Desde la Dipres validó y dio aprobación presupuestaria a la Gobernación Regional de Antofagasta, que lidera Ricardo Díaz (ex RD) para el convenio con ProCultura por “Recuperación de fachadas zona de conservación histórica”.
- Dipres, explicó sobre esto que sólo fue un acto administrativo. “Esta tramitación es procedimental y no se pronuncia sobre el mérito del gasto ni de la institución ejecutora”.
- La querella también apunta al vínculo entre la Fundación Rumbo Colectivo, que era presidida por Martínez hasta marzo de 2022, y Democracia Viva, que figura como institución colaboradora.
- Respecto a Miguel Crispi. Se sostiene que fue fundador del movimiento NAU y junto a Jackson constituyeron RD. Además, con Javiera Martínez se desempeñó como asesor en el Ministerio de Educación.
- Desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), que lideró entre marzo y septiembre de 2022, Crispi envió un oficio al gobernador de Antofagasta validando el convenio con ProCultura.
- “La Fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones del país junto a equipos profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto”, señala el documento.
- “Informo que esta subsecretaría valida a Fundación ProCultura para actuar como un organismo subejecutor del programa”.
- Esto pese a que la fundación -hoy en proceso de cierre- no tenía giro para desarrollar las tareas para las cuales fue contratada.
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Lo qué declarará Crispi. En el entorno de Miguel Crispi, señalan que cuenta con el respaldo del Presidente Gabriel Boric, y que espera que con su declaración pueda despejar su vínculo con el caso.
- Repetirá ante al fiscal, lo que dijo en la citación a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el caso convenios. Crispi se resistió varias veces de asistir a esa instancia, pero finalmente lo hizo por la presión de Contraloría.
- Allí sostuvo que él se enteró del convenio de la Seremi de Antofagasta a través de un rumor y el 7 de junio contactó a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD) quien le señaló que ya estaba investigando el tema.
- A su juicio no hubo omisión de denuncia, ya que no fue informado de un delito y eran antecedentes que estaban bajo investigación.
- Respecto al caso de ProCultura, Crispi ha señalado que sólo otorgó una validación administrativa que era el rol de la Subdere.
- También espera responder preguntas sobre el papel de su tía, Verónica Serrano, quien era jefa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda en momentos que se aprobaron los convenios cuestionados.
- El ex seremi Contreras ha señalado en sus declaraciones judiciales y entrevistas, que Serrano lo presionó para acelerar la asignación de los convenios. En entrevista a La Tercera el fin de semana, afirmó que “creo que, efectivamente, Miguel Crispi le omitió información al Presidente”.
- “Yo me siento utilizado para encubrir errores e irregularidades de terceros. Porque efectivamente fue tan bullado el acto que destapa el caso convenios, que se desata todo esto y se transforma en el caso insigne. Pero resulta que dentro del Minvu, el modus operandi detectado por la Contraloría no tiene que ver con el Seremi de Vivienda Antofagasta, tiene que ver con la dirección a nivel nacional, que es responsabilidad, tanto en potestad como reglamentariamente, de Verónica Serrano, tía de Miguel Crispi”.
- Al respecto, en el entorno de Crispi consideran, al igual que en el gobierno, que los dichos de Contreras no aportan antecedentes nuevos a la investigación.