“La colusión es un hecho inaceptable bajo todo punto de vista. Es inaceptable que un grupo de personas se ponga de acuerdo para perjudicar a los demás, y esto quede sin penas de cárcel efectiva”.
Con estas palabras la Presidenta Michelle Bachelet firmaba el 16 de marzo de este año el proyecto de ley que fortalece el sistema de la libre competencia.
La iniciativa contempla, entre otras cosas, aumentar las sanciones en casos de colusión, con penas de cinco años hasta 10 años y un día y “endurecer” las multas para este tipo de casos.
A siete meses del ingreso, el proyecto aún no sortea su primer trámite legislativo. El pasado 24 de septiembre, la Comisión de Economía terminó de revisar el texto, tras lo cual se envió a la Comisión de Constitución. Sin embargo, esta instancia aún no empieza su revisión.
Mi gobierno envió un proyecto de ley que castiga duramente estas prácticas con cárceles y con multas y quiero anunciar que vamos a empujar con fuerza en el Congreso este proyecto, porque la colusión es una forma de abuso que perjudica a las personas, perjudica la economía y la confianza y la imagen de nuestro país
Este jueves, luego de que se conociera el caso de colusión entre las empresas CMPC y SCA (ex Pisa) para fjar cuotas de mercado y regular los precios del papel higiénico y productos de papel tissue como servilletas y pañuelos desechables, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que empujará “con fuerza” la tramitación del proyecto, aseverando que “la colusión es una forma de abuso que perjudica a las personas, perjudica la economía y la confianza y la imagen de nuestro país”.
En este escenario en T13.cl te contamos los detalles del proyecto, los pasos que vienen en su tramitación y el debate que ha generado la posible aplicación de penas de cárcel y un aumento en las multas para casos de colusión.
Los ejes del proyecto del Gobierno
1) Mayores multas
El proyecto del año 2004 fija multas de hasta 30 mil UTA (Unidades tributarias anuales), equivalentes a aproximadamente 25 millones de dólares.
En este contexto, uno de los ejes centrales del proyecto apunta a terminar con la “desproporción” que existe entre el tope de las multas fijadas en la actual normativa y los perjuicios causados.
A modo de ejemplo, en el caso de la colusión de los pollos el TDLC impuso la multa máxima de 25 millones de dólares. Sin embargo, el daño causado se estimaba en 1.500 millones de dólares.
En este contexto, el proyecto del gobierno apunta a pasar a un sistema de multa fija a uno variable, que contempla dos escenarios.
- Un límite máximo de multa del doble de la ganancia obtenida por el infractor o el doble de la pérdida causada a las víctimas.
- Una multa de hasta un 30% del valor de las ventas, multiplicado por el número de años en que se cometió la infracción.
2) Penas de cárcel
Hasta el año 2003 Chile contó con penas de presidio menor en cualquiera de sus grados (de 61 días hasta 5 años) para quienes atentaran contra la libre competencia. Sin embargo, esta sanción nunca se aplicó, entre otras cosas por la falta de una institucionalidad para actuar frente a estos casos.
A más de una década de este cambio, el gobierno propone reponer esta pena a las conductas relacionadas con casos de colusión, recogiendo una serie de mociones ingresadas por parlamentarios de diversos sectores políticos.
En concreto se propone que aquellos ejecutivos que celebren, implementen o ejecuten acuerdos de colusión, así como las personas naturales que los organicen, como directivos de asociaciones o asesores, se establece una pena principal de crimen, es decir, reclusión mayor en su grado mínimo (de 5 años y un día hasta 10 años).
El proyecto del gobierno cita los casos de Canadá y Estados Unidos, que contemplan penas de hasta 14 y 10 años, respectivamente.
Junto con esto se propone la inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como de director o gerente de empresas del Estado por un plazo de cinco años.
3) Cambios en la delación compensada
La actual normativa contempla un procedimiento de delación compensada, a través del cual un actor que sea parte de la colusión podrá acceder a una exención o reducción de la multa cuando aporte a la FNE antecedentes que permitan acreditar la conducta o determinar responsables.
Lejos de una eventual eliminación del mecanismo, en proyecto señalan que resulta “imprescindible” realizar modificaciones para que este mecanismo funcione “en forma eficaz”.
El texto sostiene que el beneficio debe ser superior a la multa. En caso de las sanciones criminales contenidas en el proyecto, el gobierno consagra conferir este beneficio al primero que aporte antecedentes.
En el caso del resto de los actores de la colusión, el proyecto elimina la restricción de que esta no pueda ser superior al 50% de la mayor multa solicitada para los demás ejecutores que no se hubieran acogido al beneficio que ascienda hasta una suma equivalente al doble del beneficio económico obtenido como resultado de la infracción, si es que éste puede ser claramente determinado por el Tribunal. En caso contrario, la sanción podría llegar al 30% de las ventas del infractor correspondientes al período durante el cual la infracción se haya prolongado.
4) Otros ejes del texto
Por otro lado, el proyecto contempla mecanismos para mejorar el control de fusiones en el sistema de libre competencia y entrega más capacidad a la Fiscalía Nacional Económica
Comisión de Constitución comenzará debate la segunda semana de noviembre
Hace un mes que el proyecto llegó a la Comisión de Constitución de la Cámara y aún no comienza su discusión.
¿A qué se debe esto? El presidente de la instancia, el diputado PS Leonardo Soto, explica a T13.cl que “efectivamente este proyecto llegó a inicios de octubre, pero nosotros como comisión tenemos una de las tablas más congestionadas en las comisiones de la cámara, con temas como la agenda de probidad, ley de partidos, ley de despenalización de aborto. Hay varios proyectos que tienen urgencia”.
Tenemos que legislar con rapidez, pero también con profundidad, buscando que los temas sean soluciones que hagan eficaz esta normativa. Vamos a equilibrar ambas cosas
Con todo, Soto detalla que la semana pasada, antes que estallara este caso, abordó el retraso de la discusión con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, con quien acordaron colocarlo en tabla como “prioridad” a partir de la segunda semana de noviembre, una vez que se hayan despachado los proyectos que tienen en carpeta. La fecha tentativa es el martes 10.
El diputado enfatiza que “tenemos que legislar con rapidez, pero también con profundidad, buscando que los temas sean soluciones que hagan eficaz esta normativa. Vamos a equilibrar ambas cosas”.
Sobre el debate que se viene en la Comisión, el parlamentario sostiene que “debiera haber una mirada especial sobre penalizar las conductas colusivas, que permitan disuadir a los actores económicos de que tenga costos penales y económicos incurrir en estas prácticas. Debemos evitar que esto vuelva a ocurrir”.
“Yo espero que tengamos claridad que hay que tener un garrote fuerte, que duela a los que son autores, tanto intelectuales como operativos de estas prácticas. El garrote debe ser fuerte, pero debe haber algo para el primer denunciante. En la comisión tenemos que dar ese debate”, agrega.
Con todo, es importante remarcar que cualquier cambio legislativo que realice el Congreso no tendrá efecto sobre este caso.
La opinión de los expertos
El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázaval, sostuvo en conversación con Tele 13 que “carteles vamos a tener, hemos tenido en el pasado y vamos a seguir teniendo en el futuro y esta fiscalía siempre va a tener trabajo en esa materia”.
La regulación de libre competencia va a establecer un sistema sancionatorio mucho más duro que el actual, que tiene este tope y ese sistema sancionatorio va a permitir disuadir a las empresas de llevar a cabo un cartel
En este sentido destaca que en el nuevo proyecto de ley “la regulación de libre competencia va a establecer un sistema sancionatorio mucho más duro que el actual, que tiene este tope y ese sistema sancionatorio va a permitir disuadir a las empresas de llevar a cabo un cartel. Es una cuestión que ya se está discutiendo y que no es que estemos inventando la pólvora, sino que de alguna forma es efecto de la realidad de lo que ocurre en otros países que han tenido un mayor desarrollo en los temas de libre competencia”.
Consultado sobre si debieran irse a la cárcel los ejecutivos involucrados en este tipo de carteles, Irarrázabal apunta a que en este debate hay dos paradigmas: “el modelo de EE.UU, que van a la cárcel y el modelo de Europa que tienen sanciones enormes”.
Irarrázaval sostiene que “lo que está claro es que no hay un mix entre esos dos modelos que haya sido hasta ahora exitoso, entonces eso es especialmente desafiante en el sentido que no existe esa alternativa hasta ahora. Se puede pensar, pero lo que está claro es que las sanciones para tener una regulación disuasiva tienen que ser en relación a un porcentaje de las ventas”.
“En el caso del proyecto de ley se habla de que sea el doble del beneficio o 30% de las ventas en relación al producto cartelizado, multiplicado por todos los años en que el cartel funcionó. Y ahí la cuestión se pone disuasiva porque la multa puede ser realmente de envergadura”, agrega.
Una postura distinta expresó en el mes de abril el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Tomás Menchaca: "Hay consenso respecto a las multas, pero se deben establecer límite máximo global porque muchas empresas podrían quebrar y eso va en contra de la libre competencia".
Las dudas del TDLC y la FNE sobre el proyecto de libre competencia
