La imagen de un grupo de bolivianos, incluidos niños y mujeres, durmiendo en un campamento frente al consulado boliviano en Providencia, sin ningún distanciamiento físico, ni medidas de higiene y pasando hambre y frío causó impacto durante la jornada de este martes. En La Moneda, sin embargo, saben que es un escenario que probablemente pueda volver a repetirse, considerando que Bolivia tiene cerradas sus fronteras para sus connacionales y a diferencia de Perú y Argentina, según fuentes de gobierno, sólo permite la entrada de 400 bolivianos desde Chile cada dos semanas.
Lo que sucedió ayer -revelan en el Ejecutivo- dejó en evidencia un conflicto diplomático solapado. Las negociaciones comenzaron hace ya más de un mes, cuando varios grupos de bolivianos, instalados en Iquique y Antofagasta, ya tuvieron trabas para regresar a su país. Se trataba de ciudadanos que llegaron a Chile por la temporada, que no tienen contratos, y que por lo mismo, se encuentran en una situación insostenible y dramática.
Una anticipación de lo grave de este conflicto se vio hace dos semanas atrás, cuando un grupo de mujeres tuvo un impasse con militares bolivianos, justo en la línea de la frontera, cuando éstos no las dejaron ingresar a su país. ¿La razón? En Bolivia dicen que no tienen espacio suficiente para que sus compatriotas hagan cuarentenas.
El dilema lo terminó de visibilizar ayer la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei cuándo preguntó directamente si Bolivia garantizaba el ingreso de su gente si realizaban cuarentenas en Chile. Algo que aún no se da por sentado, lo que genera un escenario sumamente complejo, considerando que en el país hay aún cerca de mil bolivianos queriendo volver a su país sin poder hacerlo.
Un número que podría aumentar significativamente en los próximos días. La mayor parte de ellos están de turistas, por lo que no pueden acceder a beneficios sociales. “Los que tienen documentos no se encuentran en el registro social de hogares por lo que ni siquiera acceden al bono covid19”, explican desde el Servicio Jesuita a Migrantes.
De hecho, vecinos que han entregado ropa y comida a los bolivianos instalados en campamentos aseguraban esta mañana que son muchas las personas nuevas que han llegado hasta allí para pedir ayuda, por lo que la situación podría volver a encenderse.
La diplomacia a prueba
¿Cuánto debiera visibilizar el conflicto Chile, escalarlo, y presionar al gobierno boliviano para generar un plan de contingencia? Esa es la gran interrogante que se ha levantado los últimos días en círculos diplomáticos chilenos, donde son conscientes de la presión que genera en nuestro país el debate de si se están respetando los derechos humanos de todos quienes por alguna razón viven aquí.
El conflicto está lejos de terminar. Porque si bien Cancillería logró finalmente negociar una salida, con su par boliviana para que el grupo de 400 personas instaladas en Providencia ayer pudiera regresar, esto se produjo sólo luego de la fuerte presión mediática, incluidos los emplazamientos de la alcaldesa Evelyn Mathei, para que el país vecino se comprometiera a recibirlos luego de cumplir una estricta cuarentena.
Se trata de una solución específica que no incluye un plan robusto para enfrentar nuevas contingencias de personas que llegaron al país y que ya no cuentan con el sustento para subsistir. Y por lo mismo necesitan regresar a sus países. “Que no llegue más gente, no habrá solución para otros, no vengan”, señaló Matthei ayer, dejando en el aire una pregunta concreta: ¿qué tendría que hacer entonces cada uno de los inmigrantes que no pueden regresar a sus países, pero que no tienen con qué vivir?
El tema es delicado, porque según expertos en materias migratorias no se percibe una coordinación concreta entre los distintos departamentos del Estado que debieran estar trabajando en conjunto para enfrentar esta contingencia: el departamento de Extranjería por un lado y Cancillería por el otro, en este conflicto parecen acrecentar sus diferencias, siendo del todo sorprendente que para un tema humanitario como éste, el Estado haya llamado a la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes para lograr respuestas, y que sea la iglesia la que “resuelva” el problema dando techo y comida, cuando además estás apenas dan abasto.
El problema inmigratorio que no sólo experimentan bolivianos, sino que también un grupo importante de peruanos, está poniendo a toda prueba la diplomacia chilena, sobre todo considerando que, por tratados internacionales, ningún país debiera rechazar a sus ciudadanos. Por lo mismo, el Servicio Jesuita a Migrantes presentó un recurso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue admitida a proceso, para que se dé cuenta de “que la situación que vive este grupo de ciudadanos es completamente improcedente”, explican en la fundación.
Pero más allá del actuar boliviano, un plan contundente, coordinado y reglado, con exigencias concretas del Estado chileno hacia los demás países, pareciera estar aún lejos de concretarse.
