En los próximos días Alejandro Fridman Pirozansky, representante legal de ECCSA S.A ─grupo controlador de Ripley Corp─ deberá declarar en calidad de imputado ante el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, por la nueva arista que surgió del caso Pena y que involucra a otros contribuyentes, como Ripley, que en abril de 2015 hizo una rectificación por un monto de $104.000.000.
Según consigna El Mercurio, el Ministerio Público, quiere aclarar por qué Ripley rectificó ante del SII 15 facturas de asesorías que ahora son desconocidas por la compañía.
ECCSA rectificó pagos por $50 millones a Asesorías Credo Limitada, la empresa proveedora de servicios de la campaña presidencial de Michelle Bachelet; a VSA y Vox comunicaciones, ligadas a Laurence Golborne; a Comunicaciones Paréntesis S.A, de propiedad de Juan José Santa Cruz, ex jefe de campaña de Velasco, entre otros.
Ahora Fridaman deberá aclarar el rol que tuvo Giorgio Martelli, operador político y recaudador formalizado en el caso SQM, en los pagos que fueron rectificados a Ripley a Credo Ltda, ya que su nombre fue mencionado en una cadena de correos entre el ejecutivo de Ripley Corp Miguel Núñez Sfeir al empresario Lázaro Calderón, gerente general corporativo de Credo, según los antecedentes a los que tuvo acceso El Mercurio.
En los e-mail se da cuenta de una “OC”, es decir, una orden de compra al operador ligado a la Nueva Mayoría. Ahí se da cuenta del nombre de Martelli.
Sin embargo, Ni Perry, ni Ripley ni el entorno de Martelli hablaron de este tema a El Mercurio.
