En medio del agitado ambiente que se vive al interior de la Contraloría General de la República, la tercera sala de la Corte de Apelaciones admitió parcialmente una orden de no innovar interpuesta por la destituida subcontralora Dorothy Pérez, cuyo cargo fue declarado vacante por el contralor Jorge Bermúdez.
Si bien el fallo del tribunal de alzada acoge ciertos reclamos de Pérez y le otorga la posibilidad de mantener sus pertenencias en la oficina que ocupaba, le niega la posibilidad de volver al cargo del que fue removida, ya que eso forma parte del tema de fondo de su recurso de protección, en el que calificó de "ilegal" y "arbitraria" su remoción y acusó una "hostilidad" de Bermúdez hacia ella, a raíz de sus críticas al manejo de las redes sociales del organismo.
Según explican conocedores del proceso, mientras se resuelve el tema de fondo, la nueva subcontralora designada por Bermúdez, María Soledad Frindt, podrá dictar actos administrativos que no se relacionen con la materia en discusión —como el documento que sacó a Pérez— y que sean necesarios para el correcto funcionamiento del Estado.
Un escenario completamente diferente se hubiese dado en el evento que Bermúdez no hubiese nombrado inmediatamente a una sucesora de Pérez. Una medida que no habría podido concretar con la resolución conocida esta tarde.
Funcionarios advierten sobre posible "quiebre institucional"
Momentos antes que se conociera la decisión de la Corte respecto de la orden de no innovar, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Contraloría General de la República emitieron una declaración pública donde señalan que si bien no les "inquietaba" que el recurso se declarara admisible, sí les preocupaba la posibilidad de que se acogiera la orden de no innovar.
En caso de haber acogido la orden de no innovar -advirtieron- "podría provocarse un quiebre un quiebre institucional" en el organismo.
