El escándalo provocado por los millonarios convenios suscritos con el Minvu por la Fundación Democracia Viva -que encabeza Daniel Andrade, ex pareja de la diputada RD Catalina Pérez- corre en paralelo en la arena judicial y política. En el primer plano, la fiscalía de Antofagasta ordenó el allanamiento de la seremi de Vivienda de dicha región y de la sede que la Fundación tenía en Santiago. En el segundo, este sábado el Presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia a la subsecretaria Tatiana Rojas -también RD- por no haber alertado oportunamente de los antecedentes de la polémica transacción, de la que tuvo conocimiento antes que el caso estallara públicamente.
En la arena judicial, sin embargo, surgen nuevos antecedentes que ya están en la mira del gobierno y que seguramente serán parte de lo que investigará tanto el Ministerio Público como Contraloría: la existencia de “dobles contratos” de funcionarios del Minvu que también tenían un vínculo laboral con la cuestionada fundación.
Para entender esta historia hay que remontarse a comienzos de este año, cuando el ministerio de Vivienda recibió una denuncia anónima de que en la cartera estaban “sobrecontratando” a personas ligadas a Revolución Democrática. Meses después, el 2 de mayo, vendría la denuncia que la Asociación de Funcionarios del Serviu de Antofagasta le hizo llegar a la ahora renunciada subsecretaria de Vivienda, en la cual acusaban irregularidades en la asignación de 426 millones de pesos a Democracia Viva por parte del Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, entonces militante RD y quien antes había sido jefe de gabinete de la diputada Pérez.
Estos antecedentes fueron los que a comienzos de esta semana provocaron un fuerte remezón político. Y si bien en los primeros días el gobierno se ciñó al discurso de que se trataba de un “error” o un “descriterio” político, todo cambio en la madrugada del miércoles.
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Ese día, el ministro Carlos Montes conoció el contenido del informe que preparó un equipo especial del Ministerio de Vivienda, que se creó con sentido de urgencia por esta contingencia, y que estuvo conformado por la directora de la división jurídica, el contralor, el jefe de finanzas, y dos expertos en comunidades, que evidenció donde estaban los mayores problemas respecto de la relación del ministerio con esta fundación.
Quienes conocen el contenido del informe dicen que por primera vez se mostró que aquí podían haber delitos concretos. La razón de esa certeza era un antecedente hasta ese momento desconocido: en el informe se sostiene que hay funcionarios del Ministerio de Vivienda que además tienen un contrato a honorarios con Democracia Viva, específicamente para hacer la rendición de cuenta de los trabajos que hacía la fundación. En la práctica, dicen en el gobierno, habían funcionarios que eran juez y parte.
Dichos contratos existen, y según aseguran fuentes cercanas al caso, ya deberían estar en manos de la Fiscalía, luego que la PDI concretara el allanamiento en la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la sede de la Fundación.
En La Moneda están al tanto de esta arista y saben que es un escenario complicado, porque además de faltas administrativas graves, pueden configurarse figuras delictivas, incluido el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos, y el cohecho. Lo más complicado de todo sería que esta fórmula estaría extendida a convenios que el seremi Carlos Contreras habría sellado con todas las otras fundaciones.
Todos estos detalles fueron comentados en la edición de este domingo de Mesa Central.
