Este martes se aprobó una pena en la Cámara Alta de hasta 541 días de cárcel a quien filtre investigaciones del Ministerio Público.
La medida provocó diferentes posturas, pese a que los senadores de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta llamaron a "no levantar suspicacias".
Como indicó este sábado el diario La Tercera, la Asociación de Fiscales rechazó esta ordenanza que sanciona con la pena de presidio menor en su grado mínimo a quien realice filtraciones de respectivas investigaciones.
"Hay políticos investigados y personas que financian habitualmente campañas electorales. Entonces, es inevitable ponerse suspicaz frente a una norma que en el fondo pretende amordazar a los fiscales y a los abogados que colaboran en las investigaciones", comentó el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe.
Senado decreta sanciones penales a fiscales que filtren investigaciones del Ministerio Público
Desde la Fiscalía Nacional en tanto, precisaron que la medida no va dirigida sólo a sancionar a los fiscales, sino que a cualquiera que entregue información considerada como secreta, apuntando también a los abogados.
Quienes aprobaron la medida en el Senado señalaron precisamente que la idea nace producto de querer ampliar a los posibles sancionados, ya que el Código Penal sólo considera a los funcionarios públicos. Para el fiscal Uribe en tanto, la indicación responde a "intereses personales".
"No veo interés público en el tipo penal que se está estableciendo, por cuanto es una norma que ayudará a muy pocas personas, todas ellas cercanas al poder y a los grandes capitales(…) El único sentido de introducir un nuevo tipo penal es tener una permanente arma de presión para usarla como una forma de impedir que se sepa siquiera que algún poderoso está siendo investigado”, sentencia Uribe, según publica La Tercera.
¿Qué dicen los abogados?
El colegio de abogados a través de su presidente Arturo Alessandri Cohn, se manifestó a favor de la iniciativa que castiga con cárcel las filtraciones de las investigaciones del Ministerio Público, apuntando a que se ha hecho "un uso abusivo de información confidencial".
"Las filtraciones pueden distorsionar gravemente los procesos judiciales, y se puede causar un gran daño a personas inocentes (…) Ha habido una muy mala práctica de filtraciones, perjudicando gravemente la presunción de inocencia”, concluye.
