El jefe de Bancada de los Diputados UDI e integrante de la Comisión de Salud, Javier Macaya, aseguró que tras el dictamen de la Contraloría que señaló que los cambios al protocolo de objeción de conciencia del aborto en tres causales no se ajustan a derecho y que órgano contralor “tendrá que justificar sus razones”.
Macaya señaló que “la Contraloría ha instalado un gran dilema jurídico que debemos ser capaces de resolver en materia legislativa y constitucional porque es evidente ver la forma en que lo hace. No había tenido oportunidad de ver antes que la Contraloría informe con un formato de redes sociales o casi un meme de una forma forma bastante subjetiva a la hora de emitir un dictamen de esta categoría y de la naturaleza que tiene”.
“Yo no lo considero como algo normal y Contraloría tendrá que justificar sus razones del porqué se informa de esta manera algo que tiene un contenido jurídico que es bastante discutible, generando harta polémica”, añadió.
El diputado Macaya explicó que “los dos protocolos han sido considerados ilegales, tanto el dictado en el Gobierno del Presidente Piñera como el de la ex Presidenta Bachelet por cuestiones de formas; y lo que más nos llama la atención – y que defenderemos con mucha fuerza en el futuro – es que las instituciones privadas puedan seguir siendo objetoras de conciencia porque la Contraloría dice que para que los privados no puedan seguir ejerciendo ese derecho, se basan en un DFL del año 80, no considerando una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que modifica la ley para que las instituciones objetoras privadas puedan alegarlas”.
“En ese sentido creemos que es una lástima que la ideología termine quitando a los más vulnerables de una salud de calidad como es la que presta instituciones privadas que legítimamente puedan ser objetoras de conciencia porque puede terminar en que éstas finalicen esos convenios, no sólo afectando prestando las atenciones de maternidad, sino que todo lo relacionado con lo ginecológico”, enfatizó el legislador.
Javier Macaya dijo finalmente que “vamos a defender con mucha fuerza la objeción de conciencia, nos reuniremos con el Gobierno para evaluar los pasos a seguir, y que obviamente las instituciones privadas de salud están en todo su derecho a recurrir a la justicia para impugnar lo que ha dicho la Contraloría”.
