A través de oficios de fiscalización diputados DC y del PS buscan que el general director de Carabineros, Gustavo González, informe respecto de los procedimientos policiales utilizados el pasado 21 de mayo en Valparaíso, ocasión donde resultó herido de gravedad el estudiante Rodrigo Avilés.
En concreto, los diputados DC Aldo Cornejo y Víctor Torres piden que se informen los detalles de los operativos y procedimientos policiales. En tanto, los PS Daniel Melo y Leonardo Soto solicitan que se individualice a los oficiales a cargo del operativo por el cual ayer fue dado de baja un funcionario.
Cornejo aseveró que “evidentemente no basta con dar de baja al funcionario que iba a cargo del lanzaguas que derribó a Rodrigo; aquí hubo una intervención de la ciudad por parte de efectivos policiales provenientes de Santiago y hay responsabilidades superiores que, estimamos, deben ser asumidas”.
“Hemos pedido, en concreto, qué se informe cuántos efectivos provenientes de Santiago se trasladaron a Valparaíso, cuántos eran de Fuerzas Especiales, quien estaba a cargo de ellos, cuántos vehículos lanzaguas llegaron a la zona; y, en rigor, quién estaba a cargo de los procedimientos y cumplimientos de protocolos respectivos en el sector de las manifestaciones y donde ocurrió el lamentable hecho que afectó al joven Rodrigo Avilés", agregó.
En tanto, el diputado Daniel Melo dijo que "los hechos que terminaron con Rodrigo Aviles en coma no son aislados. Estamos ante una práctica de parte de Carabineros que es necesario atajar ahora. Y que no se soluciona con dar de baja a un funcionario de rango menor".
"Aquí hay responsabilidades político administrativas y por eso los diputados socialistas exigimos que el alto mando de carabineros se pronuncie al respecto. Debe existir la responsabilidad de mando, porque aquí hay hechos que claramente fueron omitidos a la opinión pública", enfatizó.
El diputado del PS además emplazó a Interior a dar "señales claras" respecto de que no se tolerán excesos: “En el caso de Rodrigo Avilés hubo ensañamiento y una violencia innecesaria que no responde a la función pública que debe cumplir la policía uniformada".
