Un nuevo flanco suma la ministra de Salud Carmen Castillo. Junto con el rechazo por parte de la Comisión Mixta a la partida de infraestructura hospitalaria, este mediodía diputados de la UDI y RN junto a la diputada independiente Karla Rubilar, presentaron una acusación constitucional en su contra.
Los parlamentarios acusan "graves infracciones a la Constitución, además de una serie de incumplimientos en materia de infraestructura hospitalaria, leyes auge y Ricarte Soto".
Junto con esto aseguran que la titular del Minsal no habría cumplido con responder en el plazo legal, un cuestionario entregado durante la interpelación.
Según detallan parlamentarios, en la presentación tuvo un rol clave el diputado UDI Javier Macaya, quien estuvo a cargo de la interpelación a la ministra, realizada el pasado 30 de septiembre.
El jefe de bancada Alejandro Santana "nuestra evaluación es de fondo, de forma, y creemos que por la salud pública, por nuestro país, por los compromisos no cumplidos y donde el camino, el horizonte es tan poco claro, creemos fundamental tomar este instrumento que nos permite la ley para revertir una situación caótica para la salud de Chile".
En conversación con T13, la diputada Rubilar sostuvo que "no nos quedó otra. Lo que rebalsa el vaso es la presentación de la ministra de ayer, cuando pide un aplauso por una subsecretaria que tenía la escoba, cuando trata de decirnos que las cosas están bien, que no hay retraso".
"Esto no es solo un tema de la inversión, sino que de todos los ámbitos de la salud pública: ley Ricarte Soto, problemas con los gremios, etiquetado de alimentos, la deuda hospitalaria más grande de la historia, listas de espera Auge. Esto es insostenible", agrega la parlamentaria.
Desde la oposición esperan contar con los votos de parlamentarios de la Nueva Mayoría, quienes se han mostrado críticos de la gestión de Castillo.
¿Qué es y cómo funciona una acusación constitucional?
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la Constitución, que faculta a los diputados a solicitar un juicio político a una determinada autoridad por incumplimientos graves a su labor.
Una vez ingresada la solicitud, la Cámara debe elegir al azar -excluyendo a los acusadores y a los miembros de la mesa de la Corporación- una comisión de cinco diputados para que informe si procede o no formular la acusación. La autoridad tendrá un plazo de 10 días para formular descargos.
Luego de una serie de sesiones para evaluar la presentación la Cámara votará. De haber mayoría, la acusación pasará al Senado, que actuará como juez.
La autoridad acusada podrá asistir a las sesiones del Congreso para manifestar su defensa. En caso que la Cámara Alta apruebe la acusación, la autoridad será destituida de su cargo y no podrá ejercer empleos públicos por cinco años.
Los últimos dos ministros que han sido destituidos han sido titulares de Educación: Harald Beyer, en 2013, y Yasna Provoste, en 2008.
