Un escrito está afinando por estos días el equipo legislativo de la UDI para argumentar jurídicamente la remoción de la consejera del Instituto de Derechos Humanos, Constanza Valdés, quien asumió el cargo el pasado 5 julio -nombrada por las organizaciones sociales-, días antes de que Sergio Micco renunciara polémicamente a la dirección del organismo, a raíz de presión interna.
El pasado 14 de julio, en T13.CL los diputados UDI Cristián Labbé y Daniel Lilayu, miembros de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, catalogaron la salida de Micco como “una burda operación política” y afirmaron que no reconocerían al nuevo presidente/a o director/a.
Bancada UDI acusa “burda operación política” del gobierno en salida de Sergio Micco del INDH
Una semana después, en La Tercera PM, otro grupo de diputados UDI anunció que ahora estudiarían una remoción de la consejera Valdés por afectar la autonomía del organismo.
Ahora, los diputados UDI ya han trabajado en los argumentos jurídicos. Eso sí, aún no terminan el escrito final que debe ser presentado ante la comisión de Constitución de la Cámara Baja y que sería ingresado dentro de los próximos días.
En paralelo, en la bancada gremialista han buscado apoyos de otros partidos políticos con la finalidad de que la ofensiva prospere en la votación en la Sala.
Así, en el Congreso se comenta que diputados como Labbé ha sondeado respaldos en el Partido de la Gente (PDG). Consultado por T13.CL, el diputado Rubén Oyarzo (PDG) cuenta que firmará la solicitud de remoción de Valdés, que requiere de diez rúbricas para ser analizada en la comisión de Constitución.
“Pienso que Constanza Valdés no es la persona idónea para el cargo, porque todos hemos sido testigos de sus post contra carabineros. Constanza Valdés lamentablemente tiene muchas publicaciones (en sus redes sociales) en contra del Estado, de Carabineros y de una forma no muy educada al expresarse, por eso yo adheriré a esta solicitud de remoción, he tenido conversaciones con la UDI. Ahora, mi apoyo personal está, pero aún no se ha conversado el tema en la bancada el Partido de la Gente”, dice el diputado Oyarzo a T13.CL.
Por su parte, el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, también señala a este medio que adherirá a la solicitud de remoción y comenta, además, que, en paralelo, impulsarán una comisión investigadora.
“Hoy el INDH está absolutamente cargado hacia un sector político, ha perdido su autonomía, las declaraciones de Sergio Micco son absolutamente reveladoras en esa materia. Constanza Valdés ha declarado lo que ha declarado y sus dichos no son aceptables. Por eso hemos estado conversando con la UDI, vamos a solicitar su remoción, y además vamos a pedir una comisión investigadora”, asegura Undurraga. Y agrega: “Es lamentable que un organismo no actúe de manera ecuánime. Los Derechos Humanos no pueden ser de una esquina, tienen que ser de todos los sectores políticos. Y Micco logró que todos pudiéramos tomar posición y conciencia de los atropellos de los Derechos Humanos”.
Desde la UDI, el diputado Labbé -que ha liderado las conversaciones- sostiene que “el instituto de Derechos Humanos se ha transformado en la herramienta del Gobierno de Gabriel Boric para instrumentalizar los Derechos Humanos” y que, en esa línea, añade, “la consejera Constanza Valdés, con un historial de tuits en contra de Carabineros, las Fuerzas Armadas y el expresidente Sebastián Piñera, se confabula para esta operación política en el ejercicio de sus funciones. No puede ser que su primera actuación sea pedir la renuncia de Sergio Micco sin antes conocer los fundamentos jurídicos de sus decisiones. Ello se explica solamente porque forma parte fundamental de esta conspiración”.
La única vez que se ha intentado remover a un miembro del INDH fue en junio de 2015 a la entonces directora, Lorena Fries; no obstante, la solicitud no prosperó. Desde ese entonces, la comisión de Constitución estableció un reglamento para levantar este tipo de requerimientos.
De hecho, una vez que los diputados UDI, Evópoli y PDG concreten la presentación de esta solicitud de remoción a la instancia, la mesa de la Corporación deberá pronunciarse respecto a si el requerimiento cumple o no con los requisitos formales. De ser así, se debe remitir a la comisión de Constitución, que tendrá un plazo de 15 días para recomendar su aprobación o rechazo.
Una vez que termine su trámite en dicha instancia, según establece el reglamento, “la solicitud se votaría al término de su discusión, requiriendo para su aprobación el voto conforme de la mayoría absoluta de los diputados participantes en la votación”.
Las declaraciones que irritan a los diputados
En la UDI manejan al menos 20 tuits de la consejera Valdés en torno a opiniones sobre Carabineros. El 29 de enero de 2020, por ejemplo, escribió: “No son hechos aislados, son situaciones cotidianas. No es exclusivamente responsabilidad de un carabinero, es una política institucional. Se sigue confirmando que Carabineros deliberadamente mutila, mata y tortura para disuadir el derecho a manifestarse. Que Rozas y Blumel renuncien”.
Otro tuit que registran en la UDI es del 13 de marzo de 2020 en el que Valdés dijo: “Los presos políticos en Chile existen. La misma Corte el día de ayer revocó la prisión preventiva de un carabinero que había disparado en contra de un adolescente. Hablemos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.
El 9 de noviembre de 2021, en tanto, publicó en la misma red social: “El único y verdadero daño que se le hace al país es continuar con Piñera de Presidente y su impunidad en torno a las violaciones de derechos humanos. La acusación constitucional es un acto de justicia”.
Para el 19 de septiembre, día en que se lleva a cabo la parada militar, señaló: “No hay gloria para un Ejército que ha violado los derechos humanos, que se hizo parte de la represión contra manifestantes durante la revuelta. En el contexto de una pandemia y una crisis económica, la parada militar y todo lo que represente es una falta de respeto, una afrenta”.
Según se consigna en la página oficial del INDH, Valdés es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales. En ese sentido, destacan que “es parte de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+. Ha participado en diversos seminarios, charlas y realizado clases de pregrado, diplomado y magíster respecto a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+. De igual manera, estuvo activamente en la tramitación de diversas leyes que avanzan en derechos humanos para dichos grupos”. Así, agregan: “Ha escrito diversas publicaciones en la materia y un libro titulado “¿Un cuerpo equivocado? Identidad de género, derechos y caminos de transición” (La Pollera, 2021), sobre la realidad de las personas trans en Chile y la ley de identidad de género”.
Una vez que los diputados UDI anunciaron la posible solicitud de remoción -el pasado 20 de julio-, Valdés respondió que se trataba de una “persecución política” y afirmó que no habría causales para removerla.
Entre los argumentos jurídicos que sostienen en la UDI, hasta el momento, se encuentra uno dispuesto en el artículo 7 de la ley 20.405, del INDH que señala que “los consejeros del INDH podrían ser removidos por la Excelentísima Corte Suprema -a requerimiento del Presidente de la República o la Cámara de Diputados-, señalando, entre otras razones, la ‘negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones’”.
En parte del borrador del escrito de la UDI se menciona que “se demostrará que las declaraciones efectuadas por doña Constanza Valdés, antes de asumir en el cargo y desde que fue electa como consejera, constituyen una amenaza y vulneración grave a las garantías de autonomía, independencia e imparcialidad que debe observarse en el desarrollo de las funciones y objetivos del Instituto, especialmente considerando que la ley establece como requisito para ser consejero ‘una reconocida trayectoria en derechos humanos’, dando cuenta de una cierta continuidad de actos y hechos en la formación y experiencia del consejero, por lo que sus declaraciones no pueden ser vistas como hechos aislados”.
En ese sentido, en el borrador del texto agregan: “La solicitud de remoción responde a la necesidad de resguardar un bien superior en el ejercicio de las funciones del Instituto, vale decir, las garantías de autonomía, imparcialidad e independencia en el cumplimiento de los objetivos que la ley le encomienda”.
En entrevista con La Tercera, Valdés dijo estar disponible para ser directora del organismo, en caso de que haya disposición de los consejeros.
