Hasta el Tribunal Constitucional llegaron esta mañana diputados de "Chile Vamos" para interponer un requerimiento para objetar la aprobación de la glosa 05 de la ley de presupuesto, que fija las condiciones y los montos para iniciar la gratuidad universitaria en 2016.
La medida fue despachada por el Senado el pasado viernes y beneficiará a más de 200 mil estudiantes pertenecientes a los cinco primeros deciles que cursan ramos en universidades del Consejo de Rectores, privadas que cumplan con ciertos requisitos, además de IP y CFT sin fines de lucro. Por otro lado, otros 130 mil alumnos de la educación técnica verán incrementados los montos de sus respectivas becas nuevo milenio.
La oposición cuestiona la medida, señalando que introduce "discriminaciones arbitrarias" entre estudiantes de igual vulnerabilidad, pero dejando fuera a quienes eligieron otras instituciones.
Por otro lado, objetan que a las universidades privadas, CFT e IP se les exijan requisitos que no se aplican a las universidades del Consejo de Rectores. A modo de ejemplo, señalan que 4 universidades del CRUCH sólo tienen 3 años de acreditación, mientras que al resto se les piden al menos 4.
El gobierno puede hacer políticas, pero no puede hacerlas en forma ilegal. Hay al menos dos razones que contravienen nuestra Constitución: primero, la ley de presupuesto no es para hacer cambios a leyes permanentes. Y en segundo lugar, porque está estableciendo discriminaciones arbitrarias.
Por otro lado, reprochan que una política de carácter permanente se fije a través de una glosa de la ley de presupuesto. Junto con cuestionar la constitucionalidad de la medida, reprochan que se limite el "debate democrático" debido a los acotados plazos de tramitación del erario.
El escrito tiene un total de 71 páginas, y fue suscrito por 31 parlamentarios de la UDI, RN y Evópoli. El texto está estructurado en cuatro capítulos: preceptos impugnados, cumplimiento de requisitos para acogerlo a trámite y declararlo admisible; vulneración al contenido constitucional de la ley de presupuestos; vulneración de igualdad de oportunidades, la no discriminación arbitraria e igual protección en el ejercicio de los derechos a las personas.
Consultados si, de acogerse este requerimiento, los 200 mil alumnos beneficiados perderán su acceso a la gratuidad, el diputado Bellolio respondió: "No, de acogerse el requerimiento serían los 250 mil estudiantes que por el diseño del gobierno que hoy están afuera, también estarían adentro. Es exactamente al contrario".
"Si hay dos hermanos, uno está en una universidad estatal y el otro está en un CFT, IP o universidad privada, uno accedería al beneficio y el otro no. Y eso es completamente odioso y discriminador", enfatizó.
El parlamentario explicó que, de acogerse el requerimiento el gobierno puede redistribuir los recursos a través de becas o bien enviar una ley corta "donde establezca criterios que no tengan discriminaciones arbitrarias".
En tanto, el diputado RN José Manuel Edwards dijo que "el Estado está actuando como un monopolio discriminador, que deja fuera, sin objeción a miles que debiesen estar dentro por necesidades económicas o por mérito".
Según explicó el abogado Jorge Barrera los plazos son breves. En primer lugar el tribunal deberá acoger a trámite el requerimiento y luego pronunciarse respecto de su admisibilidad.
Tras ello, el TC le dará un plazo "acotado" al gobierno para que plantee sus observaciones. "Estamos hablando de tres semanas máximo, para realizar los alegatos, para que el tribunal pueda fallar a lo más 10 días después".
