La Contraloría General de la República declaró como "Procedente" que "personal de otras entidades estatales desempeñe funciones en el Servicio de Registro Civil e Identificación ante la paralización de actividades efectuada por sus funcionarios”, refiriéndose al paro de 39 días que afectó a la entidad y que finalizó el pasado 6 de noviembre.
De acuerdo a lo informado por La Tercera, el dictamen fue firmado por la Contralora (s) Patricia Arriagada Villouta con fecha 1 de diciembre, y confirma que la Dirección Nacional del Registro Civil solicitó al ministerio del Interior “el apoyo de personal de su dependencia para colaborar en el cumplimiento de sus funciones”, ante los inconvenientes generados por la movilización.
Por este hecho, a fines de octubre, la Asociación de Funcionarios del R. Civil presentó un recurso de protección contra el reemplazo de sus funcionarios en huelga, el que, no obstante, fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El dictamen basó su decisión principalmente en la promoción del “bien común” en todo el territorio nacional que la Constitución exige a la administración del Estado, y en lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 18.834 (Estatuto Administrativo), que “faculta a la autoridad administrativa para designar en comisión de servicio a empleados de su dependencia para que desarrollen funciones en otra institución pública”.
