Pese a que hubo críticas a que el proyecto que establece el alza salarial a los funcionarios públicos incluyera una fórmula para que las isapres puedan adelantar el aumento anual del valor de sus planes para suavizar el impacto financiero del fallo GES, la Sala del Senado de igual modo terminó respaldando este jueves el proyecto de ley.
De esta forma, ya es oficial, y los trabajadores fiscales tendrán un alza salarial de 4,3%, cifra que es fruto de un acuerdo con 15 organizaciones de la mesa de negociación del sector. La propuesta despachada a ley, además, considera un reajuste de 0,5% para las remuneraciones del sector público a contar de junio de 2024 si el IPC en 12 meses a abril supera el 3,8%.
Con respecto a los bonos, aguinaldos y reajuste de remuneraciones mínimas se fija un incremento de 4,8%.
La propuesta despachada a ley, además, extiende la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 de las leyes de incentivo al retiro para la Administración Central del Estado, Junji, Atención Primaria de Salud, Servicios de Salud y Otros, Docentes, No Académicos de Universidades Estatales, Académicos de Universidades Estatales, Poder Judicial, Congreso Nacional y Médicos y Profesionales de la Salud.
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Con respecto al teletrabajo en el sector público, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, volvió a reiterar que esta será una materia que se resolverá en otro proyecto de ley que ingresará al Congreso dentro de la próxima semana.
Tras la votación, el ministro Marcel celebró el resultado. "El corazón de este proyecto es el reajuste, donde las propuestas y lo que acaba de ser aprobado fue producto de los acuerdos con la mesa del sector público (...) para nosotros es una gran satisfacción haber logrado este acuerdo por segundo año, demostrando que el diálogo entre trabajadores del sector público y gobierno es un diálogo fructífero", dijo.
Se estima que este reajuste de remuneraciones beneficiará a 844.934 trabajadores, mientras que los bonos y aguinaldos a otras 3.946.962 personas (beneficiarios activos y pasivos).
Los temas que se tomaron el debate:
Si bien los senadores terminaron despachando el proyecto en las mismas condiciones en que lo hizo la Cámara de Diputados, el debate por algunas normas misceláneas se tomó una parte importante de la discusión realizada hoy.
Así, por ejemplo, la senadora Ximena Rincón cuestionó en duros términos el artículo 84 del proyecto, el cual regula la continuidad operacional de los casinos de juego en los periodos de vacancias que podrían producirse tras el proceso de otorgamiento de un permiso de operación de un “cupo de reserva”.
La norma en cuestión, en detalle, permite la continuidad operacional del casino existente hasta el inicio de operaciones de uno nuevo que operará en dicha región. Esto estará sujeto al pago de una tasa mensual de 5% sobre el promedio mensual de ingresos bruto, monto a beneficio fiscal por el periodo extendido. La senadora, sobre este tema, cuestionó la implementación de dicha tasa.
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Otro aspecto que generó cuestionamientos, fue la extensión del mecanismo para recuperar el impuesto específico al petróleo diésel, ya que el proyecto y la propuesta del Ejecutivo busca extender esta disposición desde el 31 de diciembre de 2023 al 31 de marzo de 2025.
No fueron los únicos temas que generaron críticas. Otro tema que fue cuestionado por varios senadores, fueron las normas relacionadas al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, -entidad que recientemente se terminó de legislar en el Congreso- y cuya finalidad es potenciar la protección de bosque nativo.
La molestia de los senadores sobre este tema es porque una norma incluida en el proyecto de reajuste va en línea contraria a los objetivos de dicho servicio. En términos simples, el proyecto despachado a ley incluye un artículo que facilita la construcción de torres de alta tensión en bosques nativos. "Se supone que este gobierno es ecológico y esto va en línea contraria", cuestionó más de un senador.
Con todo, pese a los cuestionamientos a estos temas, el proyecto se terminó respaldando.
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