Luis Cordero está molesto. Dice que las Isapres han armado un relato de que cumplen la ley, cuando la Justicia les ha recalcado que no, en muchas oportunidades y por varios años. Le parece inadmisible que las empresas responsabilicen al Gobierno del escenario complejo que enfrentan, cuando el Ejecutivo -y ahora el Congreso- intenta dar con un camino para cumplir la sentencia del máximo tribunal. Por eso, le irrita que además no propongan una fórmula para cumplir el fallo.
En esta entrevista, además, advierte sobre el riesgo de que otras compañías en dificultades eviten los dictámenes judiciales, “generando un precedente para el sistema institucional que es gravísimo”.
-El Gobierno ha planteado que entregó una salida a las Isapres para que puedan cumplir el fallo de la Suprema, pero si se aplica la ley corta que propusieron ellos dicen que el sistema colapsa en septiembre. ¿No es una solución fallida?
-No es una solución fallida, sencillamente porque para cumplir la sentencia de la Corte Suprema se necesita modificar la ley y garantizar la continuidad del sistema, sobre todo, para proteger a los afiliados: la fórmula razonable es buscar una reforma legal para lograr un equilibrio.
-Pero es una ley que no garantiza la prestación a los pacientes, porque las Isapres afirman que de aprobarse no podrán seguir operando.
-Las Isapres no han respondido una pregunta clave. ¿Cómo van a cumplir la sentencia? Es irresponsable por parte de la industria no dar una solución a sus afiliados. En cambio, se han dedicado a establecer una campaña del terror, basados en algo que me parece completamente impropio de una industria regulada: amenazar sobre la base de prestaciones que afectan a un grupo de personas. La ironía de todo esto es que las personas que se verían afectadas son adultos mayores, gente con preexistencia, las madres con sus hijos recién nacidos, que son las que han alegado por una década que han sufrido un aumento desproporcionado en sus planes, personas que han triunfado en tribunales y que de no encontrar una solución legislativa para la implementación de la sentencia, serán las principales afectadas.
-¿Esto no es responsabilidad del Gobierno por el tipo de ley que presentó?
-La propuesta del Ejecutivo se presentó para ser discutida en el Congreso. Lo que sería una propuesta fallida es si ésta dependiera única y exclusivamente del Ejecutivo. Ahora, ¿cuál es la primera reacción de las Isapres? Que esto es un engaño. No conozco una industria regulada tan beligerante como las Isapres. Van al Congreso a hablar sobre la fatalidad de la situación. Y construyen el relato de que han cumplido la ley, como si la sentencia no existiera.
-Efectivamente, ellos dicen que siempre han cumplido la ley.
-Entonces, ¿cómo se explica la abrumadora sentencia de la Corte Suprema en contra de las Isapres? Quiero advertir una cosa: aquí nosotros ponemos mucho énfasis en la sentencia de noviembre, pero lo que se omite y que es extremadamente relevante, es que la Corte Suprema ya advirtió sobre esta situación en la sentencia de agosto. Esa sentencia también tuvo por propósito resolver una discusión que ya era muy recurrente: la Corte no permite el aumento del precio base. Cuando una industria regulada, cumple una obligación de servicio público, y forma parte del sistema de Seguridad Social como lo ha dicho la Corte Suprema, lo que es razonable y exigible es que las Isapres digan cómo van a cumplir la sentencia. Si uno mira la trayectoria histórica de las aseguradoras, éstas nunca han reconocido que han actuado indebidamente.
-En la industria insisten que han actuado de manera legal.
-Es cosa de ver la cantidad de sentencias que tienen en contra. Lo que me cuesta entender es por qué las Isapres siguen tratando de construir un mundo paralelo donde pareciera que no infringen la ley cuando la sentencia y los tribunales vienen sistemáticamente hace una década diciendo que lo hacen.
-Hay personas que apoyan el gobierno de Gabriel Boric pero que están en contra de lo que están haciendo con las Isapres.
-El Gobierno sí se está haciendo cargo de los usuarios: enviamos un proyecto de ley, para que la sentencia no se aplicara inmediatamente. Si a las Isapres no les parece la propuesta del Ejecutivo, entonces que digan cuál es la alternativa.
-Si yo soy una persona enferma, que estoy con un tratamiento de cáncer o cualquiera otra enfermedad y me dicen que en cuatro meses mi Isapre no va a funcionar, pensaría que el Gobierno no ha diseñado una buena solución…
-¿Por qué partimos de la base que la afirmación de las Isapres es correcta? ¿Por qué tenemos que asumir que es verdad lo que están señalando? Ha costado mucho que entreguen los datos en el Congreso.
-Pero finalmente han expuesto los datos y lo que la sentencia implica para sus flujos.
-¿Pero cuáles son los datos que están entregando? ¿Sobre qué antecedentes ellos están diciendo que van a estar en cuatro meses fuera si se aprueba ese proyecto? Si no están en condiciones de cumplir el fallo que lo digan directamente. Las Isapres tienen una obligación pública de entregar las prestaciones en el contexto de los contratos que tienen, pero también tienen una obligación pública de dar razones.
Esto se lo ha dicho sistemáticamente la Corte. ¿Cuál es la característica común de la sentencia de aumento de precios? Usted no dio ninguna razón. No respaldó ningún antecedente. Es la misma estrategia judicial de no dar razones ante tribunales la que están utilizando ahora.
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-Este gobierno ha sufrido grandes derrotas en el último tiempo. ¿Qué le sucedería al Gobierno de Gabriel Boric si en cuatro meses más las Isapres colapsan?
-Lo que suceda con las Isapres lo va a decidir el Congreso, no el Gobierno. Lo que les pasa a las Isapres es responsabilidad de ellas, y lo que suceda como medida de una política pública es una decisión que se adopta por ley de la República. ¿Le parece razonable a alguien creer que tener una crisis en el sistema privado le beneficia al Gobierno? En absoluto. Suponer que el Gobierno tiene una animadversión específica es completamente contraintuitivo a la idea central de mantener una gestión pública eficiente. Pero no perdamos de vista un tema: los principales responsables, los que han mantenido un sistema sometido a una litigación permanente por una década son las Isapres.
-Según entiendo este nuevo proyecto alternativo que presenta un grupo de parlamentarios de oposición, permitiría que sigan operando. ¿Cuál es su visión de ese proyecto?
-Ese proyecto lo que esencialmente hace es que elude los efectos de la aplicación de la sentencia. Porque lo que hace es compensar por la vía de aumentar el precio base, de modo tal que el plan vuelva al mismo valor que las personas estaban pagando hoy. A mí me preocupa que hoy hablamos de la sentencia de noviembre como si la sentencia de agosto no hubiese existido, en un año, el 2022, que tiene la mayor cantidad de conflicto judicial en materia de Isapres. De todos los recursos de protección que llegaron a la Corte de Apelaciones el 80% tiene que ver con Isapres. Si uno mira los registros históricos entre 2015 y 2022 del total de los ingresos de la Corte de Apelaciones, el 66% es de Isapre. Cuando uno congestiona el sistema judicial, lo que no se dice es que le produce efectos a terceros. Los que terminan pagando la congestión judicial por una industria que no se ha ajustado son los contribuyentes.
-¿Si se siguiera tramitando la ley alternativa habría problema con la Corte Suprema en el sentido de que no se estaría cumpliendo la ley?
-No es normal que se tenga que dictar un proyecto de ley para cumplir una sentencia. El fallo de la Corte le da el derecho a las personas a que se le reintegre lo indebidamente cobrado. Eso queda anulado con la reforma constitucional de los parlamentarios, que mueve otra variable -el precio base-, para impedir que eso ocurra. Cuando uno acepta una reforma constitucional para suprimir los efectos de un fallo, lo grave es que se genera un precedente para el sistema legal e institucional que es gravísimo.
-¿Eso significaría que cualquier industria en riesgo podría apelar las sentencias?
-Sería la puerta que estaríamos abriendo.
-En momentos complejos de la historia de Chile se han producido salvatajes: a los bancos, por ejemplo.
-En el caso de la deuda subordinada fue una solución legal que duró décadas. Fue un caso que la sociedad chilena tuvo que asumir. Por cierto, el caso de la banca no era un caso de servicio público, si bien era clave para el desarrollo del país.
- ¿No es una situación similar?
-Si es parecido que lo digan públicamente, que digan que necesitan un salvataje.
-¿En qué cambiaría eso?
-Me parece que es transparentar el debate. Ayudaría, entre otras cosas, a poder buscar la solución. Porque si lo que tenemos es una industria que sistemáticamente dice: yo no ha hecho nada malo, tenemos un problema, porque lo que están haciendo las Isapres públicamente es desconocer la sentencia judicial.
-Hay algunos expertos que consideran que el fallo de la Suprema establece estándares muy debatibles y que se extralimitó en sus facultades.
-Y por qué las Isapres nunca recurrieron ante esa sentencia, ni solicitaron una aclaración o rectificación de ella. A mí me parece que si eso era así, el momento oportuno y lo sigue siendo ahora, es que las Isapres realicen una presentación en la Corte Suprema. Hay que sacar de la discusión el terror.
-¿No le da temor que se apruebe la ley corta, y que varias Isapres quiebren?
-Las isapres han ocupado la estrategia y la afectación de su negocio desde la reforma de Ricardo Lagos. Fueron las principales opositoras. Las aseguradoras han ocupado la estrategia de los costos de que es insostenible su negocio y sobre eso han argumentado sistemáticamente ante los tribunales. Y les ha ido mal. El problema que tienen las Isapres ante tribunales es un problema de credibilidad y mi preocupación es que están trasladando la misma estrategia que han ocupado en Tribunales al debate parlamentario. En el debate parlamentario, hay que ser leal con el problema de interés público, porque el Ejecutivo y el Congreso, aunque tengan aproximaciones distintas, coinciden en una sola cosa, que esto requiere una solución. Me parece inadmisible que una industria regulada como ésta, con el impacto que tienen sobre las personas, se mantengan en una negación total.
-¿Deberían las Isapres haber hecho algún tipo de mea culpa?
-Desde hace diez años, pero seguimos en la misma actitud. El Presidente Boric está intentando buscar una solución. Ni la reforma constitucional tiene los votos, ni el proyecto del Gobierno satisface a todo el mundo. Hay que buscar un punto de encuentro para eso. Pero eso parte de la base, de asumir lo que jurídicamente sucede: hay una sentencia de la Corte Suprema que debe cumplirse. Esto requiere al menos que las Isapres digan de qué modo, ellas creen, debe cumplirse.
-¿Qué podría suceder si las aseguradoras mantienen su posición de negar que han actuado incorrectamente?
-Lo que podría suceder es que se genere una progresiva indignación no solo de los usuarios, sino que del propio Congreso quien de buena fe, al igual que el Ejecutivo, está tratando de buscar una solución.
Las Isapres deben asumir que durante largo tiempo han incumplido la constitución y la ley.
¿Fin a los delitos de “cuello y corbata”?
Esta semana se aprobó la ley de delitos económicos y ambientales que Luis Cordero, antes de ser ministro, siempre intentó empujar. Por eso, apenas aterrizó en Justicia le puso urgencia, también porque el proyecto era prioridad para el Gobierno. “En el debate público se demandaba que el tratamiento de la criminalidad económica fuera distinta de la criminalidad común, entre otras razones porque sus efectos sociales son en ocasiones muchísimo más lesivas para las personas”. Además, en visión del ministro esta nueva legislación es clave porque se crea un sistema que reacciona severamente a quien actúa indebidamente.
Es un tema que le apasiona al titular de Justicia y que ha seguido de cerca. Respecto del proceso destaca la intervención del diputado Francisco Undurraga “que nadie podría decir que es un partidario del Gobierno”, que basado en su propia experiencia (fue uno de los dueños del Emporio La Rosa) habla de la necesidad de una ley como ésta, porque permite la competencia leal entre pares. Porque dice Cordero, se reduce la posibilidad de abusos no sólo contra usuarios, también contra competidores.
-¿Qué le responde a aquellos que piensan que con esta iniciativa pueden terminar pagando los ejecutivos de las empresas y no sus dueños?
-Que no es así, por una razón súper simple: cuando tienes un sistema que captura las rentas indebidas, en el caso de días multa, que puede llegar hasta $ 19 mil millones, cuando además se establece el comiso de ganancia, para que un tercero, sin condena, también deje de recibir, el efecto ya se traslada a los dueños de la compañía. Entonces esto no es que el pobre ejecutivo va a pagar aquí.
