Destrucción de su celular y reunión con imputados: Los argumentos del tribunal para dejar en prisión al diputado Ojeda
ATON - Diputado Mauricio Ojeda
El Juzgado de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para el diputado Mauricio Ojeda, quien es acusado de tres casos de fraude al fisco, cohecho, soborno y lavado de activos, en la arista Caso Manicure del Caso Convenios.
El tribunal consideró que Ojeda podría obstaculizar la investigación estando en libertad, y argumentó con la destrucción de su celular que no pudo ser periciado por la fiscalía, luego que el parlamentario asegurara que su hijo de tres años lo habría roto, y por las visitas que realizó Ojeda a los otros imputados en el caso.
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El diputado electo en cupo del Partido Republicano es investigado por su eventual intervención en la entrega de fondos públicos de parte del Gobierno Regional de La Araucanía a la Fundación Folab, a cargo de sus amigos los hermanos Ortiz.
El monto involucrado en el caso alcanza los 730 millones de pesos.
Los argumentos de la jueza para dejar en prisión al diputado Ojeda
Para decretar su prisión preventiva, la jueza consideró la gravedad de los hechos imputados, la gravedad de la pena asignada al delito de fraude al fisco, el número de delitos que se le imputan y, “el actuar concertado junto a otros personas” del parlamentario.
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“De las conductas desplegadas por el imputado se desprende que este intervino en asuntos que no debía intervenir y, más aún, formó parte de un despliegue de acciones tendientes a defraudar al fisco de Chile, y en su calidad de diputado de la República y ente fiscalizador debió, por el contrario, haberlo prevenido y evitado, siendo por el contrario participe del hecho”, explicó la jueza al momento de la resolución.
Ojeda, además, durante la investigación habría visitado a otros involucrados en el caso para recomendarles no utilizar su teléfono y cambiarlo, además de tomar otras medidas para no ser condenado en el caso.
Sin embargo, una de las acciones realizadas por Ojeda que más llamó la atención en abril del 2024 fue cuando el parlamentario entregó su celular a la Policía de Investigaciones (PDI) para que realizara pericias, pero estaba completamente destruido. En aquella ocasión aseguró que su hijo de tres años lo había roto.
“Es posible desprender que el imputado, en conocimiento de la presente investigación, concurrió hasta el domicilio de uno de los coimputados para verificar la forma en cómo no ser condenado por fraude al fisco, otorgando incluso directrices, y que proporcionó un celular que más allá de la forma en que se destruyó, o fue destruido, lo cierto es que la fiscalía estableció que además fue reestablecida su configuración inicial en más de una oportunidad (...) existe sospecha grave y fundada de que el imputado puede obstaculizar la investigación, mediante la destrucción, modificación u ocultación de elementos de prueba, o puede inducir a imputados o testigos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente”, dijo la jueza.
“El diputado se opuso a la solicitud del Ministerio Público, no sólo ante la Corte de Apelaciones, sino que también ante la Corte Suprema, es decir, buscaba impedir siquiera que se le investigara, que además realizó maniobras digitales para evitar que se accediera a la información de su celular, que instó porque otros eliminaran sus pruebas (...) por ello es que no se observa cómo es posible la rebaja en grado que permita mutar la necesidad de cautela”, agregó.
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“El tribunal no puede menos que observar que el imputado estando en libertad visitó y además tomó contacto con los imputados y testigos de la presente investigación con los objetivos ya referidos (...) es posible concluir que no existe otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva que permita asegurar los fines del procedimiento y la seguridad de la sociedad”, cerró.
