El Senado confirmó el miércoles la destitución del ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, lo que lo convirtió en el segundo juez del máximo tribunal que sale de su cargo en la última semana, tras Ángela Vivanco quien fue destituida por el propio Poder Judicial.
En medio de las acusaciones constitucionales que fueron anunciadas en el Congreso contra la ministra Vivanco y el juez Jean Pierre Matus, por conversaciones que sostuvieron ambos con el abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva, la oposición inició un juicio político contra Muñoz por una causa que data del 2022.
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En diciembre de 2022 la inmobiliaria Fundamenta recusó al juez para que se inhabilitara en una demanda que presentaron vecinos contra un proyecto inmobiliario en el sector de Plaza Egaña. El motivo era que su hija había firmado un compromiso de compraventa de dos departamentos en el lugar.
Según la acusación de la inmobiliaria, Muñoz habría advertido a su hija del caso para que retirara su compromiso de compraventa. De todos modos, Muñoz se inhabilitó del caso y la audiencia se repitió.
Este caso fue por el que los parlamentarios y parlamentarias acusaron a Muñoz de notable abandono de deberes y le terminó costando su salida del Poder Judicial.
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Sin embargo, desde el oficialismo, que votó en contra de la acusación en el Senado, aseguraron que al ministro Muñoz se le estaba “enjuiciando” por sus fallos anteriores y que se trataba de “pasarle la cuenta” por causas emblemáticas, como el Caso Riggs contra Augusto Pinochet, condenas por violaciones a los derechos humanos, y en los últimos años el fallo contra las isapres que las obligó a devolver los cobros en exceso a sus afiliados.
“Se busca castigar al juez por sus fallos y darle un escarmiento para así domesticar al Poder Judicial y ponerlo a su servicio”, acusó el senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez.
“¿Cuáles son los pecados del juez Muñoz? Yo les voy a nombrar solo tres pecados que tiene. Participó en la investigación del Caso Riggs: 125 cuentas falsas y 17 millones de dólares en malversación de caudales públicos de Pinochet. ¿Qué más hizo? Detuvo a sus colaboradores ¿Generó alguna molestia en algún sector político? A mí no me queda duda que sí”, aseguró.
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Durante sus 43 años en el Poder Judicial, Sergio Muñoz estuvo a cargo de emblemáticas causas de derechos humanos. Fue ministro en visita para investigar el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez durante la dictadura y logró dictar doce condenas.
También estuvo a cargo otras causas de violación a los derechos humanos y fue el juez que ordenó la entrada y registro a la oficina de Augusto Pinochet en el Caso Riggs sobre malversación de fondos públicos por parte del dictador, la que posteriormente terminó con su desafuero.
En los últimos años encabezó la sala que ordenó a las isapres devolver los cobros excesivos a sus afiliados, lo que generó un reordenamiento del sistema previsional.
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Durante la tramitación de la acusación constitucional, el oficialismo acusó que la oposición intentó “empatar” el juicio político que se inició contra la también ministra Ángela Vivanco, y que se persigue al juez por sus fallos anteriores.
“El juez Muñoz ha dado muestras ante el país de cero espacio a la corrupción (...) a ese ministro lo quieren inhabilitar por cinco años, por un juicio político que no tiene nada de jurídico”, aseguró el senador del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza.
“Puede ser que efectivamente, en unas horas más tengamos a un nuevo ministro destituido (...) es un ministro que legisló contra los poderosos y abusivos, y por eso le están pasando la cuenta. Un juez que fue figura clave en la justicia chilena, especialmente en lo que respecta a las causas relacionadas con violadores a los derechos humanos, que buscó siempre justicia para las víctimas y sus familias, que promovió en Chile la importancia de investigar los crímenes del pasado y juzgar a los responsables de estos crímenes”, agregó.
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El senador del PPD Pedro Araya reafirmó estas acusaciones y emplazó a los senadores de oposición a “reflexionar” para no destituir a Muñoz.
“No existe ningún antecedente objetivo y claro que le impute responsabilidad al juez Muñoz. Claramente lo que hay aquí, independiente de que se ha querido disfrazar el tema con una acusación constitucional, es querer pasarle la cuenta al ministro Muñoz por los fallos que ha tenido, principalmente en temas que son emblemáticos para los chilenos y que claramente han afectado a los grupos empresariales, como son, por ejemplo, el tema de las isapres, fallos medioambientales, la protección de los vecinos y plan regulador, entre otras cosas”, enfatizó Araya.
