La defensa de la suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco entregó, este viernes, sus argumentos ante el máximo tribunal del país que inició un proceso de remoción en su contra, y también ante el Congreso en Valparaíso, donde deberá enfrentar una acusación constitucional por sus chats con el abogado Luis Hermosilla.
La Corte Suprema pidió a la ministra Vivanco responder por su actuación en siete causas en las que participó, luego que en los chats con Hermosilla en los que se daba cuenta de entrega de información al abogado y su eventual intromisión en la integración de salas del máximo tribunal.
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“Nos hemos hecho cargo de cada uno de los siete cargos. Estamos satisfechos porque nos hacemos cargo desde el plano jurídico y llegamos a la conclusión que procede la absolución”, dijo el abogado Cristóbal Osorio, a cargo de la defensa de la suspendida ministra.
“Mencionamos prácticas judiciales propias de la Corte Suprema y de la tercera sala, una especie de acervo cultural que ahora nadie quiere ser padre y madre. Todos se olvidaron de ese acervo cultural, nadie preguntaba si una causa estaba en tabla o no, nadie sabía si la tabla en cuenta de los recursos de protección se conocían o no”, planteó.
“Nos hacemos cargo de las normas jurídicas, de la práctica judicial, pero también de una cosa muy importante, de todas las caricaturas que surgen. ‘No, es que se le pidió estar en la segunda sala y todo esto es muy irregular’. Nosotros explicamos que hay una norma concreta que se aplica, que era imposible que fuera una especie de maga jurídica, y que la respuesta fue una forma de eludir un incómodo momento”, añadió.
Al mismo tiempo que la defensa de Vivanco ante la Corte Suprema ingresaba el escrito ante el máximo tribunal, el abogado Juan Carlos Manríquez ingresó el documento para defenderla ante la acusación constitucional que llevará adelante el Congreso Nacional para destituirla de su cargo.
Osorio emplazó a la Corte Suprema a no tomar una “decisión precipitada” en el caso y escuchar los argumentos de la defensa y aseguró que en el caso hay “pruebas ilícitas”.
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“Ambos son procedimientos constitucionales, entonces cómo yo puedo sostener un Estado de Derecho, ejerciendo una actuación constitucional cuando el acceso a dicha información infringe la norma constitucional, infringe la persecución exclusiva y excluyente del Ministerio Público relativa a acciones que pueden constituir delito, que infringe la privacidad”, expresó Osorio.
“Estamos viviendo en una época en que estamos queriendo ejercer acciones constitucionales con antecedentes inconstitucionales”, añadió.
“Yo no invito a que no se haga nada, estamos diciendo ‘iniciemos un procedimiento, quieren los WhatsApp’, entregamos todos los WhatsApp conforme a normas legales, sin que eso no afecte nunca a una investigación penal. Por eso decimos que hay pruebas ilícitas”, complementó.
