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Política

Defensa de Ríos contesta acusación: “Es inadmisible cuestionar decisiones de autoridad de gobierno”

Defensa de Ríos contesta acusación: “Es inadmisible cuestionar decisiones de autoridad de gobierno”
T13
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El abogado José Antonio Viera-Gallo expondrá este viernes ante la comisión revisora del libelo presentado por Chile Vamos en contra de la exministra de Justicia y DD.HH., a raíz de la polémica de los indultos.

Este viernes, a las 10:00 horas, el abogado José Antonio Viera-Gallo llegará hasta la sede del Congreso en Santiago para contestar la acusación constitucional formulada en contra de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.

La ofensiva -promovida por los diputados de Chile Vamos- busca probar que la socióloga infringió gravemente la Constitución a raíz de los indultos presidenciales otorgados a 13 presos del estallido social, el pasado 30 de diciembre.

El exsenador y exembajador Viera-Gallo, así, como defensa de Ríos, expondrá este viernes -según se lee en el texto de la contestación, al que tuvo acceso T13 (ver documento)- que “del análisis de legalidad que realizan las y los acusadores de los decretos que concedieron los indultos, se puede vislumbrar que, más allá de este examen, se pretende cuestionar el mérito del ejercicio de una facultad discrecional”.

Y asimismo se agrega que “resulta inadmisible que, por medio de una acusación constitucional, se pretenda revisar el mérito de las decisiones de las autoridades de Gobierno. El presente libelo acusatorio realiza este juicio en sucesivas ocasiones bajo la excusa de revisar la legalidad de los actos de la Administración del Estado, por lo que su improcedencia se torna evidente”.

En el texto de la contestación se señala además que los hechos acusatorios “no se enmarcan en las atribuciones” de un ministro de Justicia y Derechos Humanos. “La acusación no persigue la responsabilidad por hechos personales y directos de esta exministra, sino que le atribuye responsabilidad por hechos de terceros”, se indica.

Asimismo, se explica que “las causales que habilitan la acusación constitucional contra una ministra o un ministro de Estado solo pueden tener lugar por hechos personales” y se pone como ejemplo la fallida acusación, en 2004, al entonces ministro de Justicia Luis Bates.

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