Este sábado se realizó la segunda parte de la defensa del Presidente Sebastián Piñera frente a la Acusación Constitucional tras el eventual conflicto de interés en la compraventa de la minera Dominga, revelada por los Pandora Papers.
El abogado defensor del mandatario, Jorge Gálvez, aseguró que “una acusación se plantea cuando hay certezas, no cuando hay dudas e inferencias, como lamentablemente es el caso”.
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Gálvez expuso ante la comisión que conforman los diputados Paulina Núñez (RN), Virginia Troncoso (IND-RN), Pepe Auth (IND), Florcita Alarcón (PH) y la líder Maya Fernández (PS).
Alrededor de tres duró la exposición en la que el abogado sintetizó algunos de los ejes que estructuran la defensa, tales como el que se estaría basando en hechos falsos, no habría pruebas, que la situación ocurrió en el periodo presidencial anterior y que, además, estaría contradiciendo fallos de la Contraloría, el SII y SVS.
Gálvez afirmó que la acusación “carece de todo argumento fáctico y jurídico”, a su vez que explicó que “si tiene sentido en nuestra orgánica constitucional, el principio de división de poderes o funciones es porque los órganos del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen la obligación de respetar los fallos judiciales. No pueden revivirlo, no pueden contradecirlo, no pueden abocarse a causas pendientes, no pueden, por lo tanto, violar el principio y la autoridad de cosa juzgada”, según consignó La Tercera.
¿Qué viene ahora en la Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera?
Cuando finalice la defensa liderada por Gálvez, la comisión revisadora tendrá un plazo de seis días para evaluar y determinar la postura a través de un informe no vinculante.
Luego, la moción pasaría a la Cámara de Diputados, donde se votaría. Sin embargo, en este paso, el acusado puede presentar el recurso de la "cuestión previa", que implicaría que la defensa asegura que la acusación no cumple con las condiciones para ser llevada a cabo.
Si esta moción es aceptada por los diputados, la Acusación Constitucional se terminaría, sin posibilidad de insistir. Sin embargo, si no fuese aprobada, se continuaría con la votación en la Cámara Baja, donde se harían necesarios 78 votos para la aprobación.
Si se llega a este número de votos, el proceso pasaría al Senado, a la vez que el mandatario quedaría provisionalmente suspendido de sus funciones hasta conocer el resultado.
Este periodo debería demorar entre cuatro y seis días, y es necesario un quórum de 2/3 de los senadores en ejercicio para la aprobación de la acusación.
Si finalmente esto llega a pasar, el Presidente Sebastián Piñera sería destituido y estaría inhabilitado para ejercer alguna función pública dentro de un periodo de cinco años desde el final del proceso.
