Cristián Warner Villagrán, conocido por ser la mano derecha de Marco Enríquez-Ominami durante la candidatura del 2013 y formalizado en el caso SQM, ha cambiado la estrategia con la que ha estado lidiando con la fiscalía en el marco de las indagaciones por financiamiento ilícito de la campaña electoral de ME-O en 2013.
Warner, a quien se le imputa responsabilidad penal junto al fundador del Partido Progresista (PRO) como emisor y facilitador de facturas ideológicamente falsas, podría acabar con el silencio que lo ha caracterizado en la próxima visita al Ministerio Público.
Esto, luego de que se hiciera conocido que su defensa estaba evaluando, desde hace dos meses, colaborar con la investigación del caso SQM, el que es liderado por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez Niada, según consignó La Tercera.
Con la declaración del periodista, se abriría la posibilidad de un procedimiento abreviado, lo que conllevaría una pena menor a cinco años y la que no arriesgaría cárcel efectiva, a cambio de aceptar su rol en los hechos indagados por la fiscalía, así como lo hizo el ex senador Jovino Novoa, en el caso Penta.
De darse ese escenario, ME-O quedaría protegido, ya que Warner asumiría toda la culpa y admitiría que los aportes irregulares fueron de su autoría, por lo que Ominami no tendría conocimiento de los hechos.
Bajo ese marco, ME-O continuaría sin problemas su candidatura presidencial, ya que no tendría el peso del caso SQM en sus hombros, pese a que su situación judicial se complicó esta semana con la petición de formalización en su contra.
Especialmente porque hasta ahora el único factor que ha impedido que se cierren las investigaciones entre la defensa de Warner y la fiscalía, es la investigación del avión que ejecutivos brasileños de OAS indicaron que facilitaron de forma gratuita a la campaña de ME-O.
En medio del escenario judicial que enfrenta ME-O y de sus acusaciones de que la investigación en su contra es una instrumentalización de parte de un fiscal que es “operador de Piñera”, la presidenta del PRO manifestó que “son demasiado los hechos que dan cuenta de irregularidades, partiendo por las filtraciones sesgadas y pedir que la formalización se haga a cuatro días de las elecciones municipales. Es una clara señal de intervencionismo político, del todo deplorable”.
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