Dávalos dice que pidió que borraran su computador por “temor” a Peñailillo y la G90
Dávalos dice que pidió que borraran su computador por “temor” a Peñailillo y la G90
Cuatro carillas resumen la tercera declaración de Sebastián Dávalos en el marco del caso Caval, donde se investigan presuntas irregularidades ligadas a la compra y posterior venta de tres terrenos en Machalí por parte de la firma controlada en un 50% por su esposa, Natalia Compagnon.
A raíz de este caso han surgido varias aristas, una de ellas el polémico formateo del computador que utilizaba en La Moneda pocas horas antes de dar a conocer su renuncia como director sociocultural de la Presidencia, el 13 de febrero pasado.
La fiscalía busca determinar qué información había, si la usó para sus negocios personales y por qué ordenó borrarla.
“(Pedí) que borraran mi perfil de usuario y password, porque no quise exponerme a que fuera manipulado (…) pues tenía el temor fundado de que así podía ocurrir”, dijo Dávalos en su declaración realizada este lunes ante los fiscales Luis Toledo y Sergio Moya, y a la que accedió T13.
La información del negocio de Caval fue conservada y utilizada por parte del G90 o un sector del PPD para utilizar este caso y su cobertura mediática para bajar el perfil al caso Soquimich, que los involucraba, y terminar de desplazarme en mis funciones e intervención el Gobierno.
¿A quién temía Dávalos? En la declaración el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet apunta en duros términos hacia el ex ministro de Interior Rodrigo Peñailillo y su sector, la G90, a quienes acusa de un intento por “utilizar” el caso Caval para bajar el perfil al caso SQM.
Según declara, su nombramiento como director sociocultural “generó una fuerte reacción adversa de parte de Rodrigo Peñailillo, pues tanto él como cercanos suyos, los denominados G90 (…) según ellos estaban llamados a ser la generación de recambio en la política”
Dávalos agregó que el entorno de Peñailillo tenía copados los principales cargos de la dirección sociocultural y que tras revisar algunos currículum, decidió remover a varios de ellos.
“Esto vino a agravar aún más la conflictiva y distante relación que yo tenía con el ex ministro de Interior Peñailillo, dado que yo nos seguía sus líneas políticas, introducir en cargos a personas inidóneas, y sus ansias de manejo de poder que, según mi parecer, se orienta a llegar a ser Presidente algún día”
Dávalos continúa relatando que hacia enero de 2015 los rumores sobre el caso SQM involucraban a Peñailillo y se harían extensivos a la Nueva Mayoría. Y que la información sobre el negocio de Caval era manejada por figuras del PPD como Sergio Bitar y Guido Girardi.
“La información del negocio de Caval fue conservada y utilizada por parte del G90 o un sector del PPD para utilizar este caso y su cobertura mediática para bajar el perfil al caso Soquimich, que los involucraba, y terminar de desplazarme en mis funciones e intervención el Gobierno. Sin embargo, quienes utilizaron la información nunca imaginaron las enormes consecuencias de su decisión que finalmente terminó por costarle el cargo también al ministro de Interior”, asegura.
El caso, finalmente, estalló el 6 de febrero con una publicación de Revista Qué Pasa. Dávalos se encontraba de vacaciones en Caburgua, junto a su madre, la Presidenta Bachelet.
El ex director sociocultural declara que fue notificado que Peñailillo se haría cargo del manejo de la crisis. Sin embargo la comunicación era intermitente debido a la mala señal del sector. A su juicio, “Peñailillo no enfrentaba el tema con la suficiente fuerza, por lo que estimo que él dejó que el tema se descontrolara”.
Luego, Dávalos relata ante los fiscales que el 13 de febrero el entonces ministro le pide que renunciara a su cargo de director sociocultural a través de un punto de prensa en su residencia. Ante esto cuenta que decidió hacerlo en el palacio de La Moneda, y que pidió a un funcionario de informática que borrara los archivos.
“Me preocupaba que estas personas, por la forma en que habían obrado durante los últimos once meses, pudiesen manipular la información contenida en el computador, ya sea introduciendo archivos o mandando mails a mi nombre”, aseguró.
Es así como Dávalos acusa que “el tema Caval es, en parte, toda una operación política para ir bajando el perfil a otros casos relacionados con el financiamiento de la política, entre ellos Soquimich, y para perjudicar al Gobierno”
Descarta haber almacenado información personal en equipo y asegura: “No he cometido delito alguno”
Una de las preguntas que busca despejar la fiscalía es el contenido del computador que fue formateado horas antes de dar a conocer su renuncia a La Moneda.
Se me ha acusado de tráfico de influencias, negociación incompatible, fraude informático, fraudes tributarios y otras imputaciones. De cada una de ellas no tengo participación alguna, no he cometido ninguna falta ni delito
Dávalos asegura que respecto del respaldo de la información “no me preocupé porque existen protocolos permanentes de respaldo en los servidores de La Moneda por lo que no se pudo haber perdido nada al respecto”.
“Además, yo no tenía información personal ninguna en ese computador, pues toda la información que manejaba allí era pública”, asegura.
Por otro lado, el hijo de la Mandataria aborda las imputaciones que se han hecho en su contra: “Se me ha acusado de tráfico de influencias, negociación incompatible, fraude informático, fraudes tributarios y otras imputaciones. De cada una de ellas no tengo participación alguna, no he cometido ninguna falta ni delito”.
Además, detalla que entregó acceso a sus correos, cuentas corrientes, equipamiento tecnológico y a que se registrara su casa, ubicada en la comuna de La Reina.
Se trata de una declaración que la propia defensa de Dávalos pidió que no se decretara bajo reserva.
Por otro lado, el testimonio se conoce a sólo hora de que la Comisión Investigadora del Caso Caval se reúna a votar su informe.
Una de las coincidencias entre los diputados del oficialismo y la oposición es exigir la renuncia del director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme, a quien acusan de haber permitido el formateo del computador, de ocultar información y de haber recibido en pleno palacio al operador político de la UDI, Juan Díaz.
