Durante la jornada de este pasado viernes el exalcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, celebró su matrimonio con la abogada Anjuli Tostes en una ceremonia privada en su domicilio en La Reina, en la región Metropolitana.
Se trató de una celebración que se desarrolló en el lugar donde cumple arresto domiciliario, debido a su vinculación con el caso Farmacias Populares.
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La ceremonia, que reunió a cerca de 70 invitados, incluyó a familiares, amigos cercanos y miembros del Partido Comunista, quienes acompañaron a la pareja.
La boda se realizó en un contexto de grandes cambios para Jadue, quien hace unos meses renunció a su cargo de alcalde de Recoleta en medio del litigio judicial que enfrenta.
El pasado 28 de octubre, el militante del Partido Comunista presentó su renuncia en una carta oficial, en la cual manifestó que la decisión es “irrevocable” y que estará fuera del cargo antes del 15 de noviembre.
Todo lo anterior, cumpliendo con los requisitos para una eventual candidatura parlamentaria en las elecciones de 2025 de la que se especual.
Daniel Jadue contrae matrimonio tras intento fallido
La pareja había planificado casarse en junio, pero la ceremonia se pospuso debido a la situación judicial que enfrentó el exalcalde, quien estuvo bajo prisión preventiva y, actualmente, en arresto domiciliario.
Según declaraciones previas de Tostes, ambos mantenían una relación a distancia entre Brasil y Chile, visitándose regularmente y proyectando un futuro juntos en Chile, donde esperan continuar su vida tras el matrimonio.
En su misiva de renuncia, Jadue expresó su gratitud hacia los habitantes de Recoleta, quienes lo eligieron con más del 64% de los votos en 2021.
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“Me despido del cargo que ocupara, más no de la comuna donde pasé los mejores años de mi vida sirviendo y mejorando la vida de miles de personas”, señaló el exalcalde en la carta.
Además, manifestó su intención de seguir contribuyendo a la transformación del país desde una nueva plataforma política.
La situación judicial de Jadue sigue avanzando: en julio fue formalizado por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, delitos relacionados con su rol en la extinta Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).
