Por Flavia Cordella y Pablo Cádiz
Un crítico diagnóstico realizó el Consejo de Rectores frente al protocolo de “rediseño” a la reforma a la educación superior. Se trata de un documento de 11 páginas confeccionado por el Mineduc, y que se entregó el pasado 27 de octubre a los jefes de las instituciones universitarias con el objetivo de buscar sellar un acuerdo que permita destrabar la tramitación de la iniciativa.
El texto que ingresó a inicios de julio a la Cámara de Diputados sigue entrampado en la Comisión de Educación, donde incluso parlamentarios del oficialismo han calificado la reforma como insuficiente.
Este documento son grandes titulares o algunos subtítulos no nos permite llegar a la esencia de los cambios que se quieren dar
Uno de los puntos que genera mayores reparos apunta a la fórmula que condiciona el avance de la gratuidad a indicadores de crecimiento económico –medidos según el PIB tendencial- y la permanencia del Crédito con Aval del Estado como mecanismo para costear los estudios de los alumnos que no puedan acceder al beneficio. Otro de los temas que no deja conformes a los sectores del ala izquierda del oficialismo apunta a que el proyecto no tipifique el lucro como delito. Esto pese a que en casos de desvíos de recursos los responsables pueden llegar a recibir penas de cárcel.
No estamos en condiciones de anticipar ninguna voluntad concordante. Es un texto todavía ambiguo que no garantiza los objetivos (...) Es un documento insuficiente, genérico
Es este último punto uno de los que accedió el gobierno en su protocolo. “Se incorporará el tipo penal de lucro, dándole características de acción penal pública”, señala el documento que se puede revisar haciendo click en este enlace. En cuanto al CAE, el gobierno se compromete a enviar un proyecto que termine con este mecanismo y excluya a la banca de los préstamos para financiar los estudios. Junto con esto, se comprometen a aumentar los requisitos para que las instituciones accedan a la gratuidad y “mantener” los aportes basales que reciben las instituciones estatales.
Luego de una reunión que se extendió por más de cuatro horas, los rectores llegaron a la conclusión que la propuesta del gobierno es insuficiente. Incluso "ambigua".
"No estamos en condiciones de anticipar ninguna voluntad concordante. Es un texto todavía ambiguo que no garantiza los objetivos (...) Es un documento insuficiente, genérico, sin que podamos en consecuencia formarnos una idea sobre la voluntad política efectiva", señaló Aldo Valle, vicepresidente Ejecutivo Cruch
En esta misma línea, el rector de la UC, Ignacio Sánchez manifestó que “es un documento muy general que comenta un proyecto de ley de 200 páginas, este documento son grandes titulares o algunos subtítulos no nos permite llegar a la esencia de los cambios que se quieren dar”.
En cuanto al rol de las universidades del Cruch, el rector señaló que “el documento se queda ahí, pero no dice cómo se va a fortalecer a esas instituciones, se habla de flexibilizar normas pero no se saben cuáles; se habla de crear un fondo de investigación pero no se dice porque el presupuesto de Conicyt sigue siendo tan plano”.
“No tenemos conformidad porque creemos que las universidades del Cruch tienen que tener un trato equivalente, no nos referimos a igual. El Cruch tiene 60 años y todas las instituciones debieran tener un trato equivalente”, agregó.
La gratuidad es un camión Brinks que se manda a las universidades privadas sin que nadie tenga idea ni siquiera de lo que están haciendo con eso
Este último es un tema que genera matices al interior del Consejo. El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, señala al respecto: “tiene que haber una responsabilidad por parte del Estado, y el Estado tiene una responsabilidad diferente con sus universidades estatales”.
“La gratuidad es un camión Brinks”
Por otro lado, el rector Vivaldi acusó una falta de controles a los recursos que se destinan a las universidades privadas que han accedido a la gratuidad.
“Se habla mucho por ejemplo de que hay universidades en regiones que hay que desarrollar, que hay que tener una política frente a las universidades estatales, pero decimos eso y simultáneamente se va toda la plata al CAE. La gratuidad es un camión Brinks que se manda a las universidades privadas sin que nadie tenga idea ni siquiera de lo que están haciendo con eso”, señaló.
Vivaldi agregó que “no entiendo como aquí se destinan recursos enormes, estamos hablando de miles de millones de dólares, y nadie controla la calidad ni hacia donde van esos recursos”.
