Corte de La Haya fija plazo para nuevo escrito chileno en caso Silala
Corte de La Haya fija plazo para nuevo escrito chileno en caso Silala
Este jueves, la Corte Internacional de Justicia notificó a Chile que tiene plazo hasta el 18 de septiembre de 2019 para presentar un escrito adicional, referido a la contrademanda de Bolivia en el caso sobre el Estatus y Usos de las aguas del Silala.
A la fecha, Bolivia había presentado sus argumentos de manera escrita en dos oportunidades: tanto en la presentación de su contrademanda como en su dúplica.
Chile, por su parte, entregó sus argumentos por escrito en su réplica a la contrademanda. Así, con este escrito adicional solicitado por Chile y dispuesto por la Corte, ambas partes habrán tenido igual oportunidad para presentar sus argumentos escritos en el juicio.
Esto, conforme al artículo 80 del Reglamento de la Corte, que establece el derecho de que, en casos de contrademandas, ambas partes tengan las mismas oportunidades para presentar sus argumentos escritos.
Tras la presentación de este escrito por parte de Chile, el litigio quedaría en condición de pasar a la fase oral, etapa en la que –de acuerdo a las normas de la Corte- todos los antecedentes presentados de manera escrita dejan de tener carácter reservado.
El caso sobre el Estatus y Usos de las aguas del Silala fue iniciado por Chile el 6 de junio de 2016.
En su presentación, Chile solicitó al tribunal que declare que el Silala es un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario; que Chile tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas y que, bajo el principio de utilización equitativa y razonable, Chile tiene derecho al uso que actualmente hace de las aguas del río Silala.
Además, Chile solicitó que la Corte establezca que Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile que resulten de sus actividades en las cercanías del río Silala; y que declare que Bolivia tiene la obligación de cooperar y de proporcionar a Chile una notificación oportuna de medidas planificadas que pudiesen tener un efecto negativo sobre recursos hídricos compartidos del sistema del río Silala.
Chile inició este caso como una forma de resguardar sus derechos, ante la aseveración por parte de Bolivia de que Chile estaba robando las aguas del Silala.
