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Política

Corte de Apelaciones rechaza dejar con arresto domiciliario total a Golborne

Corte de Apelaciones rechaza dejar con arresto domiciliario total a Golborne
T13
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El tribunal desestimó el recurso presentado por la Fiscalía y mantuvo las cautelares de firma quincenal y arraigo nacional.

La Corte de Apelaciones rechazó el recurso presentado por la Fiscalía y mantuvo las medidas cautelares contra Laurence Golborne, quien quedó con firma quincenal y arraigo nacional la semana pasada, cuando fue formalizado por delitos tributarios.

El Ministerio Público pedía decretar arresto domiciliario total para el ex ministro de Minería.Sin embargo, la corte rechazó este jueves el recurso en un fallo unánime. 

Golborne fue formalizado el pasado miércoles 29 de junio por su rol como facilitador de una veintena de boletas para el presunto financiamiento irregular de sus campañas políticas de 2013, quedando con firma quincenal y arraigo nacional como medidas cautelares.

Tras la audiencia, el abogado de Golborne, Juan Pablo Kinast, dijo que están "muy conformes con lo que decidió la corte, que ratifica lo que decidió el juzgado de garantía, resolución  que tiene elementos bastante importantes para esta defensa, como son la colaboración sustancial que ha prestado mi representado".

Por su parte el fiscal Carlos Gajardo comentó que "la fiscalía solicito medidas cautelares más intensas respecto del imputado y la corte ha entendido que con las medidas que se decretaron son bastantes. Y respecto de eso no queda más que conformarse".

 

Según el Ministerio Público, Penta pagó $120 millones a la firma de Golborne -Vox Comunicaciones- justificados con facturas por trabajos no realizados para el holding fundado por Carlos Délano y Carlos Lavín, pero que fueron a parar a su candidatura.

Además de los $120 millones de aportados por Penta, la fiscalía indaga montos ligados a otras empresas agregando casi $260 millones más, lo que arroja un total de $378 millones.

A juicio de los persecutores, Golborne y sus cercanos habrían actuado como “grupo o pandilla” para obtener fondos mediante boletas ideológicamente falsas. 

A la salida de la audiencia, el ex candidato negó haber cometido delitos tributarios y aseguró que "aquí hay un juicio político".

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