La Convención Constitucional aprobó, este jueves, emitir una declaración en favor de las personas que están privadas de libertad por delitos relacionados con las protestas sociales iniciadas en octubre de 2019 y también en contra de la “militarización” de la región de La Araucanía y los territorios mapuche.
Con 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, el órgano constituyente emitió una declaración que pide al Congreso acelerar el proyecto que entrega un indulto a los presos de la revuelta, al Ejecutivo ponerle urgencia a la misma normativa y “desmilitarizar el Wallmapu”.
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“La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”, dice la declaración aprobada.
“La violencia que acompañó los hechos de Octubre fue consecuencia de que los poderes constituidos fueron incapaces de abrirnos una oportunidad para crear una nueva Constitución y hoy que estamos comenzando el trabajo de la convención deben hacerse cargo de aquello”, agrega.
La declaración pide, específicamente, a la Comisión de Constitución del Senado tramitar con “máxima celeridad” el proyecto de indulto general, y al Presidente dar suma urgencia al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos y retirar todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado.
Además se le pide al Poder Ejecutivo, “la inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche”, un indulto “para los presos políticos mapuche de las regiones del Biobío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos hasta el año 2001.
“Que el Ministro de Justicia y DDHH concluya el proceso de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y garantice los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena, y aplique a su respecto de manera inmediata las disposiciones contenidas en el convenio 169 de la OIT y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”, agrega la declaración.
