Contraloría objetó pagos por $872 millones a la Municipalidad de Maipú durante gestión de Barriga
La Contraloría General de la República objetó pagos a 46 proveedores, por parte de la Municipalidad de Maipú, que alcanzaron los 872 millones de pesos. El gasto corresponde a la gestión municipal anterior, liderada por la exalcaldesa Cathy Barriga, y los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público.
La auditoría realizada por el ente fiscalizador arrojó que no se pudo corroborar que los proveedores contratados realizaron la labor para la que se les pagó, ya que no existen documentos disponibles.
“La revisión tuvo por finalidad verificar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas y realizadas, la exactitud de sus cálculos y que las cuentas contables y presupuestarias estén imputadas correctamente”, dijo la Contraloría.
Muere Alejandra González, primera mujer trans en Chile electa en cargo de representación popular
“La Municipalidad de Maipú desembolsó un monto de $872.502.849, en el pago de 46 prestadores de servicio. Sin embargo, no fue posible corroborar si efectuaron las labores para las cuales fueron contratados, debido a que no se encontraban respaldados con los antecedentes que permitan determinar, en cada caso, si se dio cumplimiento al desempeño efectivo de las funciones encomendada”, añadieron.
“En consecuencia, esta Contraloría Regional Metropolitana de Santiago deducirá el reparo correspondiente por un monto de $872.502.849”, sentenciaron.
La Contraloría también cuestionó el pago de licencias médicas a funcionarios municipales durante 2020, pese a que siguieron recibiendo su remuneración con normalidad y también la entrega de un beneficio denominado “Bono Años dorados”, que benefició a 14 personas y el gasto ascendió a $81.664.015.
“Esto no se ajusta a lo consignado en el dictamen N° 25.694, de 2005, de la Contraloría General, toda vez que no procede incorporar en un contrato a honorarios una cláusula de indemnización por término de servicios, puesto que, aunque estos se rigen, en principio, por las reglas contempladas en los mismos convenios”, explica el documento de Contraloría.