Patricio Nunes y Jaime Pinochet
Durante la tarde de este martes, Contraloría notificó al alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, sobre el informe final 181/2020 que detectó más de 50 personas contratadas con antecedentes penales en la municipalidad que administra desde 2012.
En el preinforme se detectó 61 sujetos inhabilitados para cumplir funciones como funcionarios públicos en el municipio. Sin embargo, tras cotejar la respuesta de Aguilera, el equipo fiscalizador redujo ese número a 54: 18 personas contratadas con condenas y 36 registradas con anotaciones penales.
En esa línea, el alcalde San Ramón justificó dichos contratos, argumentando que esas personas eran parte de un programa de reinserción laboral que lideraba el departamento de Áreas Verdes desde el año 2000. Y que incluso existiría una investigación penal abierta en el Ministerio Público indagando estas inhabilidades.
Sin embargo, Contraloría objetó esa respuesta a partir de dos fallos previos.
“En armonía con el criterio contenido en los dictámenes N°s. 86.190, de 2013, y 45.060, de 2014, no corresponde que la Municipalidad de San Ramón contrate bajo la modalidad a honorarios y mantenga en servicio en tal calidad a quienes se encuentran condenados por crímenes o simples delitos”, destaca el informe de 130 páginas al cual tuvo acceso T13.
Robo con Homicidio, robo con sorpresa, robo con violencia, tráfico de drogas, giro doloso de cheques son parte de los delitos cometidos por las personas que fueron contratadas por la Municipalidad de San Ramón. Ante esto, el ente fiscalizador entregó 60 días al jefe comunal para dar por finalizados estos vínculos de trabajo.
Contraloría también decidió enviar este informe final a la Fiscalía Metropolitana Sur y al Consejo de Defensa del Estado para que determinen la eventual existencia de delitos o complementen investigaciones en curso.
