Una advertencia lanzó el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, en medio de la discusión de la glosa que regula la gratuidad y las becas para los estudiantes de educación superior.
Según afirmó, el ente contralor realizará durante el 2017 una auditoría a la glosa, para fiscalizar el uso de estos recursos en las instituciones privadas. Esto luego que el gobierno y Chile Vamos suscribieran un acuerdo que, en la práctica, aumenta el número de beneficiados de becas Bicentenario en instituciones no pertenecientes al Cruch. El tema se discute hoy en la Cámara de Diputados y el Senado, los que deberán ratificar el acuerdo sellado anoche en una comisión mixta.
"Nosotros entendemos que en la glosa se dice que se va a informar del uso de esos recursos a la contraloría, informar para que, para que ejerza sus facultades que son las que están en el artículo 98 de la constitución y para que ejerza las facultades que están en la ley orgánica de la contraloría, que en resumen, se reducen a velar por el buen uso y del cuidado de los recursos públicos, y eso es lo que vamos a hacer", dijo Bermúdez.
Consultado sobre qué criterios se van a usar para determinar a qué universidad privada se fiscalizará, Bermúdez explicó que "la contraloría tiene matrices de riesgo para poder determinar dónde va a realizar su fiscalización. Evidentemente un criterio de monto, quiero decir, de cantidad de recursos que se traspasen a una determinada entidad, es siempre el primer criterio para poder priorizar una fiscalización, y eso es lo que vamos a hacer seguramente el próximo año también con los recursos que van a la educación superior".
"Lo que manda acá, por decirlo así, es el origen de los recursos. Si los recursos son públicos, ahí tiene que estar el ojo de la contraloría. Si hay una universidad como la que usted menciona que recibe una ingente cantidad de recursos, la contraloría tiene que ejercer sus facultades", sentenció.
Eso sí, el contralor remarcó que "cuando se trata de recursos públicos como ocurre en materia de gratuidad, toda la institucionalidad de la probidad debería ser aplicada en este caso, y esa probidad incluye a la contraloría general de la república, a las normas de transparencias, de lobby y a las normas sobre conflictos de intereses y tráfico de influencias".
Ahora bien, el contralor pidió no generar una "expectativa desmedida" porque "nosotros tenemos recursos para fiscalizar que son discretos, acotados".
