Nueva Constitución: Qué dicen las principales normas aprobadas en materia de seguridad (y los reparos oficialistas)

Protección de la infraestructura crítica. La llegada a Chile de bandas internacionales como El tren de Aragua también generó un apoyo amplio a la protección de infraestructura crítica y “resguardo de áreas de las zonas fronterizas” por parte de las Fuerzas Armadas.

• “El Presidente de la República, a través de un decreto supremo, designará a un oficial general de las Fuerzas Armadas que tendrá el mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dispuestas para la protección de la infraestructura crítica en las áreas especificadas en dicho acto”, dijo la norma, aprobada con apoyos de la oposición y el oficialismo, donde hubo algunas abstenciones.

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Fiscalía supraterritorial. “Existirá una Fiscalía Supraterritorial, con competencia a nivel nacional, a la cual le corresponderá el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en los delitos de crimen organizado y aquellos de alta complejidad”.

• La norma fue valorada ampliamente como una herramienta para enfrentar el crimen organizado, cuyos delitos se extienden más allá de los límites de una región. En el Consejo recibió 48 de 50 votos a favor y sólo 2 en contra, de los 2 consejeros del Partido Comunista (PC).
• “Se corre el riesgo de generar un conflicto entre 2 fiscales con alto poder“, dijo la consejera PC Karen Araya en su intervención, en referencia al fiscal nacional que se mantiene en la nueva estructura y el fiscal supraterritorial que crea el proyecto.

Protección de las policías. “Corresponderá a la ley determinar las conductas o circunstancias en que el uso racional de la fuerza exime de responsabilidad penal. Se considerará especialmente la protección de las personas y sus bienes, impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento de un deber, en los términos establecidos en la ley”, dijo el artículo.

• La norma fue presentada por Republicanos como un respaldo a las policías y por el oficialismo como una carta excesivamente amplia por no ir acompañada de la instrucción de respetar irrestrictamente el derecho internacional de los derechos humanos. La consejera Lorena Gallardo (Ind-RN) dijo en la discusión que se estaba constitucionalizando la ley Naín-Retamal, por lo que era materia legal y no constitucional.

Expulsión de migrantes indocumentados. “La ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos”.

• El oficialismo acusó que Bolivia seguirá sin aceptar de vuelta a los ciudadanos venezolanos que entran sin papeles por Colchane, por lo que ésta se quedaba en la declaración.
• “Hay muchas declaraciones que luego mandatan al legislador a poder ver las situaciones más específicas (…). Éste es uno de esos casos”, dijo el consejero de Republicanos Sebastián Silva, a Ex-Ante.

Defensoría de las víctimas. “La ley señalará los casos y la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efectos de ejercer la acción penal cuando corresponda, especialmente tratándose de casos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado y trata de personas. Para cumplir con esta obligación, el Estado contará con una Defensoría de las Víctimas”.

• La oposición aseguró que el artículo visibilizará a víctimas muchas veces ignoradas por los gobiernos.
• “Quedan fuera de esta unidad especial las víctimas de robo por violencia, las víctimas de robo con intimidación, las víctimas de delitos sexuales”, dijo en septiembre la consejera de Convergencia Social María Pardo, quien tildó a los beneficiarios de “víctimas VIP”.

Indemnización a víctimas de terrorismo. “El Estado reconoce especialmente a las víctimas de terrorismo. Las víctimas de delitos que los tribunales de justicia califiquen como conducta terrorista tendrán derecho a ser indemnizadas por el Estado por todo daño sufrido con ocasión de estos hechos”.

• “El monto de la indemnización será determinado judicialmente en un proceso breve y sustanciado en el tribunal civil competente del domicilio de la víctima y en él la prueba se apreciará en conciencia”, dijo la norma, que generó una división similar a la del artículo previo.

Estado de sitio por acto terrorista. “El estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de sitio, en caso de guerra interna, grave conmoción interior o acto terrorista, serán declarados por el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente”.

• El oficialismo acusó que el artículo no entregaba medidas adicionales al estado de emergencia además de permitir detener a personas en sus casas o en lugares que la ley determine.
• Sebastián Figueroa respondió que “la suma de todas las medidas ayuda, dan señales fuertes también. Aquí una cosa es la medida específica y otra es cuando tú ves el paquete completo”.

Asociaciones contrarias al orden público. “El derecho a asociarse sin permiso previo. Se prohíben las asociaciones contrarias al orden público y a la seguridad del Estado”, dijo la norma, vista en la oposición como una forma de frenar constitucionalmente a grupos como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). El oficialismo la consideró peligrosa por su potencial de amplia aplicación.

Policía fronteriza. “Dentro del término de cinco años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente de la República deberá ingresar un proyecto de ley que creará una Policía Fronteriza que será encargada del control, patrullaje y resguardo de las fronteras terrestres nacionales en la forma que determine la ley institucional”.

• La norma fue aprobada con los 33 votos a favor de Chile Vamos y Republicanos y 17 abstenciones del oficialismo.

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