La tarde de este martes el Congreso aprobó el proyecto de ley sobre probidad en la función pública, que tiene por objeto regular el buen ejercicio del desempeño de un cargo, evitando conflictos de intereses y aumentando los niveles de transparencia de las autoridades.
Este es el segundo proyecto de ley de la Agenda de Probidad y Transparencia que lleva adelante el Gobierno en aprobarse, luego de que la semana pasada el Senado despachara la reforma constitucional que da autonomía al Servel.
Principales indicaciones
La iniciativa amplía el rango de autoridades y funcionarios que estarán obligados a declarar su patrimonio e intereses. Asimismo, extiende el ámbito de lo que debe declararse, tanto bienes como las actividades que realizan, así como también, aquellas relaciones familiares y afectivas que pudieran interferir con el objetivo de sus funciones en el servicio público.
El desafío de este proyecto no sólo se traduce en establecer sanciones -que las hay- para aquellos cargos o autoridades que incumplen con la normativa, sino también, en arraigar la probidad como eje motor del desempeño de la actividad pública y entenderla como la necesidad de establecer una conducta intachable, pensando siempre en el bien común.
El ministro Nicolás Eyzaguirre mostró su satisfacción por la aprobación de este proyecto y recalcó que “esta es una ley muy profunda, del más alto estándar internacional y permite a la ciudadanía acceder transparentemente a la información sobre los patrimonios y los intereses de los distintos representantes”.
Al mismo tiempo, el secretario de Estado manifestó que elevar los estándares de probidad y transparencia “es un deber que la Presidenta nos ha encomendado y a mí en particular, para tener una reacción maciza y sin ambigüedades frente a la desconfianza ciudadana”. Además, valoró el apoyo de los parlamentarios “en temas que los obliga a ellos mismos, que los somete a niveles de exigencia mayores por parte de la población y eso los dignifica”.
Más autoridades sujetas a declarar patrimonio
La Agenda de Probidad extenderá la cantidad de personas o cargos sujetos a declarar intereses y patrimonios: desde el Presidente o Presidenta de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, parlamentarios, los intendentes, los gobernadores, los secretarios regionales ministeriales, los jefes superiores de servicio, los embajadores, los ministros consejeros y los cónsules, los parlamentarios, el Contralor General del República, los jueces, los fiscales, las directivas centrales de los partidos políticos, entre otros.
Adicionalmente, no sólo las autoridades de la primera línea política o administrativa deberán hacer estas declaraciones, puesto que también se suman cargos que antes no estaban considerados, tales como: autoridades y funcionarios directivos; profesionales y técnicos de la administración del Estado; personas contratadas a honorarios que presten servicios en la administración del Estado; rectores y miembros de las juntas directivas de las Universidades del Estado, entre otros.
Del mismo modo, también se establecen sanciones para quienes, estando obligados a efectuar o actualizar la declaración de intereses y patrimonio, no lo realizaren oportunamente o lo hicieren de manera incompleta. Éstas van de 5 a 50 UTM ($217.495 a $2.174.950) y, en caso de reiterado incumplimiento por más de cuatro meses, hasta la destitución del cargo del infractor.
En este caso, será la Contraloría General de la República será el organismo que deberá verificar y sancionar según corresponda. Respecto de los demás órganos el control corresponde a quien tiene el control jerárquico y de probidad en cada caso.
Con respecto al acceso a la información contenida en dichas declaraciones, será el Consejo para la Transparencia y la Contraloría de la República las entidades encargadas de disponer de manera clara y abierta a la ciudadanía este contenido.
Reinscripción completa de militantes
Otro de los aspectos centrales de la agenda de Probidad y Transparencia es el refichaje o reinscripción de los militantes de los partidos políticos una vez que éstos reciban aportes públicos para su financiamiento.
Al respecto, Eyzaguirre aclaró que “en este momento se tramita en el Senado el tema del refichaje de los partidos. La indicación del Gobierno es clarísima: al cabo de 12 meses, todos y cada uno de los y las militantes deben ser refichados, de lo contrario serán borrados de los registros de los partidos. Por lo tanto, tendremos reinscripción completa y total”.
