Esta mañana fue aprobada en la Cámara de Diputados la creación de una comisión investigadora para aclarar la posible malversación de fondos provenientes de la ley reservada del cobres por parte del Ejército.
Aprobada comisión investigadora solicitada por @DiputadosDC por malversación de personal del Ejército de recursos ley reservada del cobre.
— Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) noviembre 4, 2015
La instancia fue proppuesta el martes por la bancada de diputados de la Democracia Cristiana con el apoyo transversal de 50 parlamentarios.
Según declaró el diputado Ricardo Rincón, jefe de la bancada DC, durante el ingreso de la iniciativa, el objetivo es "indagar las responsabilidades que permitieron el fraude fiscal ocurrido en el Ejército a través de la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre entre los años 2011 y el presente".
También se busca "establecer las fallas en el sistema de control del gasto en defensa acaecidos en este proceso, analizando el procedimiento a través del cual se seleccionan los proyectos que involucran gastos en sistemas de defensa".
Con la aprobación, se fijaron 120 días para que la comisión remita sus conclusiones a los órganos que correspondan.
Procesos judiciales que entrarán en curso
Los hechos ocurridos han dado lugar a dos procedimientos judiciales:
Uno en la justicia militar, donde se involucra a los dos funcionarios del Ejército antes señalados, intruído por la fiscal militar Paola Jofré, de la Sexta Fiscalía Militar de Santiago. El otro, en la justicia civil, que involucra al proveedor que facilitó las facturas por servicios no prestados, liderado por la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía Centro Norte.
Ambas causas procesan a los implicados por fraude al fisco, mientras que los militares deben responder además en su calidad de funcionarios públicos.
Por otra parte, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la causa civil, por medio del abogado Raúl Llanos, quien sostiene que la investigación debe remontarse al menos hasta el año 2013, dado que el mismo coronel Montero, habría reconocido que entre julio y noviembre de ese año habrían “repetido” la operación, por montos similares a los ya investigadas. De comprobarse aquella declaración, el perjuicio para el fisco ascendería a un monto aproximado a los 300 o 400 millones de pesos.
