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Política

[Confidencial] Ángela Vivanco ya tomó la decisión de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Ángela Vivanco ya tomó la decisión de ir a CIDH - Agencia Uno
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La defensa de la jueza Ángela Vivanco ha representado problemas de forma y fondo en las acusaciones constitucionales, como el hecho de que más de 20 parlamentarios las hayan firmado o que 62 de ellos hayan emitido una opinión sin conocer el caso, y estima que no tiene garantías de un trato justo en la Suprema. Se impugna, por distintos motivos, la presencia de los jueces Gloria Ana Chevesich, Soledad Melo y Nelson Pozo en el pleno que definirá el destino de Vivanco, quien antes de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que agotar las instancias judiciales del caso en Chile.

La defensa de la jueza Ángela Vivanco ya adoptó la decisión de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a partir de su percepción de que no da garantías de ecuanimidad ni un trato justo el cuaderno de remoción que abrió la Suprema en su contra ni las dos acusaciones constitucionales que enfrentará en el Congreso.

El escrito de los abogados Cristóbal Osorio y Juan Carlos Manríquez parte señalando que ambos libelos presentan problemas de forma y de fondo.

Según el documento, las acusaciones constitucionales tienen un “grave error", ya que exceden el número de diputados que pueden presentarla. En este caso, no menos de 10 ni más de 20.

“La presente acusación constitucional vulnera los estándares nacionales propios del principio de imparcialidad”, indica el texto.

La defensa de Vivanco solicitó además la inhabilidad de 62 parlamentarios por haber emitido opiniones sin conocer los antecedentes, contraviniendo el artículo 346 de la Cámara, que regulan los deberes de los diputados.

Vivanco solo puede recurrir a la CIDH una vez que haya extinguido todos los recursos para defenderse en Chile, como lo exige esa corte, pese a que todo indica que la Suprema tendrá una resolución desfavorable hacia ella, al igual que la Cámara de Diputados y el Senado.

Existen otras razones por las cuales la magistrada está decidida a ir a la CIDH. Por ejemplo, que existen ministros que integrarán el plenario que definirá su futuro en el poder judicial que ya han emitido opiniones en su contra, como la jueza Gloria Ana Chevesich.

Por otro lado, los magistrados Soledad Melo y Nelson Pozo -que también integrarán el pleno que revisará la situación de Vivanco- aparecen mencionados en los chats de Hermosilla, aunque no son vinculados a delito alguno. “Acabo de hablar con Nelson pozo. Quedó todo absolutamente claro”, dice Hermosilla en uno de sus WhatsApp con Vivanco cuando ella postulaba a la Suprema.

Todo apunta a que Vivanco está dibujando su estrategia legal para defenderse ante la Suprema y el Congreso, pero con miras a la acción que interpondrá posteriormente en la Corte Penal Internacional.

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La magistrada  pasó este jueves pasado a la ofensiva, antes de presentar su defensa en el proceso de remoción abierto en su contra a partir de presuntas irregularidades dadas a conocer en los chats que mantuvo entre marzo de 2018 y noviembre de 2023 con el abogado Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva como presunto autor de soborno reiterado, lavado de activos y delitos tributarios.

El pleno de la Corte Suprema acordó suspender en septiembre a la jueza Vivanco y pidió un informe sobre 6 puntos.

  • Interferencia en el último procedimiento de nombramiento del Fiscal Nacional de los Conservadores de Bienes Raíces de Viña del Mar y Concón.
  • Irregularidades en la tramitación de la causa de consorcio Belaz Movitec con Codelco.
  • Intervención en el nombramiento de ministros de cortes en coordinación con el abogado Luis Hermosilla
  • Intromisión de causas en tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema.
  • Entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas de conocimiento de la Tercera Sala y efectuar recomendaciones procesales al abogado.
  • Concertación con el abogado para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses.
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