Con 77 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP 11.
El proyecto que ahora pasa al Senado, supone que tras su aprobación, beneficiará a los exportadores con mejores aranceles en los países miembros del tratado.
Los países son Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, con lo que se abarca un universo de casi 500 millones de personas, que representan el 12% de la economía global.
Tras la aprobación, el canciller Roberto Ampuero expresó convicción del Gobierno sobre los beneficios de este Acuerdo, afirmando que contiene materias de medioambiente, género y comercio, además de la incorporación de las Pymes y mujeres al comercio internacional.
“El CPTPP da cuenta de nuestro anhelo de que los beneficios de la apertura comercial lleguen a todos los sectores de la población. Este Tratado es un paso trascendental en nuestra política comercial, que ha sido apoyada transversalmente por todos los sectores políticos y reconocida como piedra angular de nuestra estrategia de desarrollo de los últimos 30 años, como lo reconocieron hoy los parlamentarios”, afirmó.
Desde la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero afirmó que "como representantes del comercio nos alegramos por la aprobación del TPP-11. Tal como dijimos en reiteradas oportunidades el CPTPP es una poderosa señal de compromiso con la integración comercial, la apertura económica y la cooperación entre las naciones, principios que han orientado nuestra exitosa política comercial durante los últimos 30 años".
"No nos cabe duda alguna de que este tratado ayudará al crecimiento económico de nuestro país", aseguró.
Posturas en contra
Los votos y posturas en contra provienen de algunos sectores de la oposición y ex Nueva Mayoría, y del Frente Amplio, que incluso lanzó una campaña a través de redes sociales en contra de la iniciativa.
Esto, porque aseguran que solo se favorece a las transnacionales y que no hay beneficio para las empresas chilenas, entre otras críticas.
