Cómo se gestó la última apuesta del gobierno para ganar la batalla legislativa por el posnatal
Cómo se gestó la última apuesta del gobierno para ganar la batalla legislativa por el posnatal
Hasta el viernes pasado, en Palacio insistían que el proyecto de postnatal de emergencia para alargar el posnatal a todas las mujeres durante la pandemia era inconstitucional porque irrogaba gasto público. Entonces, el plan del gobierno era presentar una iniciativa para apoyar no sólo a las mamás en pre y posnatal, sino que a padres y madres que tuvieran hijos menores de seis años a través de la Ley de Protección del Empleo, que les permite recibir el primer mes 70% de sus ingresos, y luego el 55% los meses restantes.
Pero ese mismo día, el equipo de Trabajo decidió hacer modificaciones y diseñar dos categorías para quienes optaran por acogerse a la ley, en una búsqueda por diferenciar a las mujeres en estado de lactancia. Un guiño a la oposición, y también a varios varios parlamentarios oficialistas, como Gonzalo Fuenzalida y Manuel José Ossandón, quienes habían puesto especial preponderancia en ese punto.
En el nuevo plan, el Ejecutivo plantea que hombres y mujeres puedan acogerse a la ley -siempre que ellos lo quieran y sin tener que acordarlo con el empleador- para obtener sus ingresos con un piso mínimo de $300 mil, pero las mujeres en lactancia podrán hacerlo obteniendo un 70% el primer mes, y luego un 60%, un 5% más que los padres y madres de niños más grandes.
Un gesto que si bien es valorado por varios parlamentarios de oposición que han estado disponibles a colaborar y escuchar a la ministra del Trabajo María José Zaldívar. Algunos de ellos son los senadores Juan Pablo Letelier, y Carolina Goic, quienes votaron en contra de la admisibilidad del proyecto de los parlamentarios y que por lo mismo saben que tienen que “jugar” en el marco del proyecto del Ejecutivo, aunque planteando condiciones.
Nuevos recursos y alargar fuero
Los parlamentarios de oposición plantean que para las mujeres en estado de lactancia sus ingresos no debieran bajar del 70% y, por el contrario, aseguran que insistirán en que se mantenga el monto en el tiempo. Además, según el senador Letelier “el fuero debe extenderse, para que las mujeres no puedan ser despedidas en más tiempo” sobre todo ahora que las empresas pueden temer mayor aprehensión de las madres por dejar a sus hijos en casa en una contingencia de pandemia o postpandemia, por lo que estarían más vulnerables.
Lejos lo más complejo para La Moneda es la última solicitud: varios senadores estiman que es básico que haya un compromiso del Ejecutivo para mantener los recursos de las mujeres que utilizan el seguro de desempleo ahora, si se enfrentan a un despido un año después.
“La idea es que puedan acceder nuevamente a los mismos recursos como si antes no los hubieran tocado”, agrega Letelier. Esto implicaría "no usar los ahorros de las trabajadoras”, lo que conllevaría a que Hacienda tenga que entregar platas frescas al fondo de cesantía, algo que en La Moneda no está contemplado. “Nosotros estamos muy contentos de poder presentar una alternativa real y seria a más de 850 mil familias que hoy tienen hijos en edad prescolar y que por tanto no tendrán que optar por seguir o no trabajando, porque podrán acogerse a la ley de protección del empleo”, afirma Pedro Pizarro, subsecretario de Previsión Social.
Dos posturas muy distantes que indican que no se avecina una discusión muy expedita, si bien desde ambos lados insisten que la iniciativa debiera salir en una semana, para que las mujeres no tengan que seguir esperando.
No hay consenso entre los que se resisten a la iniciativa de La Moneda, como la senadora DC Ximena Rincón, quien considera que “es inaceptable lo que hace el presidente Piñera…es no entender lo que está pasando la clase media de nuestro país”. Ella junto con otros senadores insistirán con la comisión mixta para hacer avanzar el proyecto original, si bien no es tan sencillo salir a rechazar uno que podría beneficiar a más de 850 mil familias, versus las 23 mil familias con mayores ingresos al que llegaría el postnatal de emergencia, que para los primeros tres meses de estado de excepción, implica un gasto de de US$ 110 millones de dólares, y que a ojos del gobierno es regresivo, porque llega a un número reducido de personas, y un monto importante a quienes ganan más de 2 millones de pesos, el tope imponible.
Por lo mismo, en el Ejecutivo apuestan que podrán consensuar la ley que establece beneficios para padres, madres y cuidadores, con ciertas modificaciones que se comenzarán a negociar desde ahora mismo.
