La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones hechas por el Senado y el Congreso despachó la controvertida Ley Nain-Retamal, que promete reforzar y proteger el trabajo de las policías.
La aprobación se logró luego de un acuerdo entre el gobierno y la oposición la noche del martes, cuando se discutió el proyecto en el Senado, y se lograron resolver las principales diferencias que había en la norma.
El artículo más conflicto, y por el que representantes del Partido Republicano, el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio votaron en contra en la cámara baja, es el que otorga la figura de la “legítima defensa” a miembros de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería en el uso de sus armas de servicio.
Cámara aprueba Ley Nain-Retamal y Congreso despacha el proyecto
En un inicio se habló de “legítima defensa privilegiada” porque la propuesta de Renovación Nacional (RN) permitía a las policías actuar cuando se actúe en defensa propia, en defensa de terceros y para impedir un delito.
Sin embargo, la nueva redacción de la norma que regula la legítima defensa en el Código Penal, acota la presunción solo en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros, y no al momento de defender bienes, por ejemplo.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró el acuerdo y destacó que “frente a un artículo que generaba enorme discordia y, que significaba un retroceso democrático se construyó una redacción que evitara problemas”.
“La aplicación de presunción no se dará en el caso que el funcionario se sienta amenazado sino que haya condiciones de amenazas y riesgos a la integridad física de funcionarios o de terceros (no bienes). Cuando no se da de manera completa las razones que justifiquen el uso racional de fuerza se pueden aplicar atenuantes de responsabilidad excepto que haya dolo”, recalcó.
¿Qué pasó con las otras normas que generaban discordia en la Ley Nain-Retamal?
El gobierno también había cuestionado que el estatuto de protección a las policías estuviera en el Código de Justicia Militar y no en el Código Penal, pero esto se mantuvo como decía el proyecto original.
Los otros cambios que sí logró el Ejecutivo fue el reestablecer la responsabilidad penal del mando, que la quitaba la propuesta de la Ley Nain-Retamal, y que se aceptara su indicación que precisaba el delito de apremios ilegítimos, con lo que la izquierda consideró que “se precisan las garantías de los Derechos Humanos”.
