Por Esteban González
El pasado martes 23 de enero se reunieron en Valparaíso los cinco miembros de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, instancia encargada de conocer y resolver cualquier situación de orden ético que afecte a los senadores.
Ese día, la agenda de la Comisión estaba cargada de temas. Días antes habían llegado desde el Comité de Auditoría Parlamentaria cuatro oficios reservados con reparos sobre el uso de recursos para Asesoría Externa que estaban haciendo los Comités de Senadores de la UDI y la DC, y a las legisldoras UDI Ena von Baer y Jacqueline van Rysselberghe.
Pese a los reproches contenidos en los informes, la Comisión de Ética optó por no formular sanciones en ninguno de los casos. Este es el detalle.
Los informes pagados dos veces
El pasado 31 de octubre la Comisión de Ética del Senado tomó conocimiento de los reparos sobre los servicios de asesoría externa que estaba recibiendo el Comité de Senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) de parte de la empresa Lama y Asociados Ltda.
De acuerdo al contrato suscrito con el Senado el 20 de junio de 2014, la empresa debía prestar asesorías comunicacionales, legislativas y de políticas públicas al Comité UDI por un monto mensual de $1.870.000. Pero al revisar la documentación de respaldo que da cuenta de los servicios prestados, dos hechos llamaron la atención del Comité de Auditoría.
El primero, es que entre los documentos había listados de candidatos a las elecciones municipales 2016 de la Región del Biobío, nóminas de autoridades electas, información extraída del Servicio Electoral y de páginas web de medios de comunicación electrónicos, sin señalar su fuente. Ello, a juicio de los auditores, no guarda relación con los servicios contratados.
El segundo y más importante, fue que los informes de la empresa Lama y Asociados Ltda. “son copia, en algunos casos íntegra y en otros parcial, de los presentados por la Consultora Biobío Sur Ltda., contratada por la Corporación el 7 de marzo de 2013 como asesora externa del senador Víctor Pérez Varela, miembro de ese mismo Comité”.
Al revisar los antecedentes de ambas empresas, el ente auditor pudo comprobar que el representante legal de ambas es la misma persona: Hernán Manuel Lama Benavides. Es decir, el mismo informe fue pagado dos veces.
El Comité UDI, presentó sus descargos mediante el mismo senador UDI Víctor Pérez. En ellos aseguró que las minutas entregadas por el asesor no correspondían al total de la labor realizada y que la duplicidad de informes es una situación “que escapa al conocimiento del Comité Parlamentario”.
Pero el segundo argumento del Comité UDI fue más de fondo y argumentó que “el Comité de Auditoría también excede el ámbito de sus competencias legales y reglamentarias, al atribuirse la potestad de calificar el sentido y alcance de las cláusulas del contrato”.
Finalmente, en la sesión del pasado martes 23 de enero, la Comisión de Ética y Transparencia del Senado acogió los argumentos del Comité UDI. Decidió rechazar la objeción formulada por el Comité de Auditoría y no aplicar ninguna sanción por considerar que el reparo formulado no estaba ajustado a derecho y que los cuestionamientos a la asesoría no eran de su competencia.
Este es el informe de la Comisión de Ética
Las horas no registradas
El 22 de julio de 2014 el Senado firmó un contrato de Asesoría Externa con el abogado Hugo Ilabaca Morales, quien debía asesorar en temas legislativos y legales al Comité de Senadores de la Democracia Cristiana (DC).
Según el acuerdo firmado por el asesor, su remuneración sería de 1 UF por cada hora de asesoría efectiva. Para efectuar el pago, junto con la boleta de honorarios, el asesor debía presentar un detalle de las horas empleadas, el que debía ser visado por los senadores.
Pero al revisar los respaldos de la asesoría, el Comité de Auditoría se percató que entre octubre y diciembre de 2016, y entre enero y marzo de 2017, no se realizó ninguna rendición de las horas trabajadas. Sin embargo, se pagó una suma fija mensual “aun cuando los reportes dan cuenta de diferentes cargas de trabajo”.
Por ello, los auditores concluyeron que “los pagos efectuados han carecido del antecedente de respaldo suficiente para justificar la suma solventada” y agregaron que con la información adicional aportada por el Comité Parlamentario “se evidencia una diferencia pagada en exceso que alcanza a los $6.742.534”.
En los descargos de Comité DC, entregados por el senador Ignacio Walker, se señaló que “se hace difícil contabilizar las horas efectivamente trabajadas, asumiendo como error haber pactado el contrato con un pago en UF por cada hora de asesoría efectiva”.
Además, se agregó que el asesor cumpliría una jornada de 64 horas mensuales en las dependencias del Senado en Valparaíso y Santiago. Por último, el Comité aseguró que el 28 de septiembre de 2017 modificó el contrato del asesor, dejándolo en un valor fijo de $2.444.444 mensuales.
Según da cuenta el acta de la Comisión de Ética y Transparencia, al igual que en el caso del Comité de la UDI, se rechazó el reparo formulado, ya que la situación “no corresponde a una infracción contractual” y a que tras la modificación del contrato “resulta innecesario pronunciarse sobre la cantidad de horas efectivamente empleadas por el asesor”.
Este es el informe de la Comisión de Ética
Los reparos a Van Rysselberghe y Von Baer
Alejandro Reyes Schwartz está contratado desde el 4 de marzo de 2015 como asesor externo “Jurídico-Legislativo” de la senadora UDI Jacqueline Van Rysselberghe, por un monto mensual de $1.300.000.
Pero para el Comité de Auditoría, de acuerdo a los reportes entregados por el asesor, sus funciones estarían fuera del ámbito jurídico-legislativo. Entre sus actividades, declaró asistir a actividades protocolares, orientación a la comunidad y autoridades locales.
En su respuesta, Van Rysselberghe reconoció que “existió una falta de prolijidad al momento de confeccionar el informe del asesor, ya que no se informan todas las funciones de asesoría desempeñadas” y envió como respaldo del trabajo del asesor 15 documentos que no contaban con fecha de elaboración ni de entrega a la parlamentaria.
Tras discutir el tema, la Comisión de Ética decidió rechazar el reparo y no aplicar sanciones, ya que “aun cuando no media constancia de la fecha en que fueron preparados por el asesor señor Reyes, permiten presumir fundadamente que éste desarrolla tales tareas de asesoría legislativa en el sentido estricto que menciona el Comité”.
Este es el informe de la Comisión de Ética
En el caso de la senadora UDI Ena von Baer, el Comité de Auditoría Parlamentaria objetó las asesorías prestadas por Ann Hunter Gutiérrez y Karin Solís Castillo.
Desde el 17 de junio de 2014 y hasta septiembre de 2017 Ann Hunter estuvo contratada como asesora comunicacional con una remuneración mensual de $2.385.978, labor que según el organismo auditor debe ser realizada por quienes están contratados como Personal de Apoyo y no por los asesores externos.
Karin Solís, por su parte, estaba contratada como asesora legislativa desde el 17 de junio de 2014 por $880.547. A juicio del Comité de Auditoría, Solís no estaba realizando labores de asesoría legislativa, si no que estaba desarrollando funciones de asistente social, lo que “resulta ajeno a la labor parlamentaria”.
En ambas situaciones, la Comisión de Ética decidió rechazar los reparos. En el caso de Hunter, la Comisión de Ética resolvió que sus funciones “correspondían a los que el Consejo Resolutivo aceptaba que se remunerasen con cargo a la asignación de Asesorías Externas”.
Mientras que en el caso de Solís “sólo podría considerarse que se habría incurrido en una omisión administrativa”, ya que desde enero de 2017 la persona se encuentra contratada como Personal de Apoyo.
Este es el informe de la Comisión de Ética
