La Comisión de Probidad del Senado despachó este miércoles el proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia.
La iniciativa es parte de los proyectos de la agenda de probidad del Gobierno y establece un nuevo marco regulatorio para las próximas elecciones.
Dentro de las enmiendas introducidas durante la discusión está la aprobación de penas de cárcel y multas para quienes infrinjan la ley electoral. En el caso de tratarse de parlamentarios, estos además perderán su cargo, como parte del proyecto ya promulgado a inicios de noviembre.
“Esta no es una ley blanda, para nada. En múltiples circunstancias conlleva penas de cárcel y multas que triplican los aportes irregulares y que lleva a la pérdida del escaño. Todo esto, como un contrapeso a la confianza de la ciudadanía al entregarles dinero a los partidos políticos”, destacó el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre.
El proyecto llegará a la Comisión de Hacienda del Senado, para luego ser revisado en la Sala.
Los ejes del proyecto
1) Se garantiza la total publicidad de los aportes a las campañas y a los partidos políticos.
2) Establece límites más bajos de gasto electoral y para los aportes de personas naturales: Los senadores acordaron fijar la pena de cárcel para quienes donen y reciban dineros por más de un 50% de lo permitido por la ley. A esto se suma una multa por el triple del dinero comprometido y la pérdida del escaño en caso de parlamentarios en ejercicio.
3) Prohíbe la entrega de recursos por parte de personas jurídicas: Se fijó una pena de cárcel de 541 días a 3 años para quienes entreguen y reciban dinero de empresas, más allá del monto.
Adicionalmente, se fijan multas por el triple del monto comprometido para quienes donen o reciban recursos por mecanismos fuera de la ley.
4) Se regulan los plazos y las condiciones de las campañas electorales: Se dejó en 200 días el periodo de campaña (actualmente empieza 90 días antes de la elección). En ese plazo, los candidatos podrán recolectar dinero y realizar gastos electorales.
5) Se otorga un financiamiento público permanente para las colectividades: luego de un proceso de reinscripción de militantes, para el cual tendrán un plazo de 12 meses.
